martes, 29 de julio de 2014

Timoshenko pone Santos contra la pared: “¿Quién responderá por el crimen atroz de Alfonso Cano?”



Raúl Reyes, Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano en Casa Verde 1988.
El Presidente Santos se ha dedicado a repetir que la orden de ejecución fue emitida directamente por él tras haber sido consultado al respecto.
La noche del 4 de noviembre de 2011 Colombia y el resto del mundo fueron sorprendidos por la noticia de la muerte del Comandante Alfonso Cano tras una operación militar en el departamento del Cauca. Sucesivamente fueron saliendo a la luz los pormenores del hecho, descrito como un intenso bombardeo aéreo, acompañado de un largo ametrallamiento, que terminó dejando aislado e inerme al jefe guerrillero desde las primeras horas de la mañana.
En esas condiciones, las fuerzas especiales y las tropas que desembarcaron de los helicópteros artillados terminaron por localizar al Comandante de las FARC, cuando se hallaba solitario en medio de la manigua. De eso existen numerosas evidencias, suministradas a la prensa por diversos voceros oficiales. Se sabe por lo mismo que en el momento de enfrentarse a la muerte, el martirizado líder revolucionario se hallaba en absoluto estado de indefensión.
De conformidad con la opinión de numerosos asesores y expertos en las diversas ramas del derecho internacional, en esas circunstancias, un numeroso grupo de combatientes entrenados con rigor en las más exigentes situaciones de la guerra, vendrían a conformar una fuerza absolutamente desproporcionada ante un adversario impotente. Alfonso Cano debió haber sido capturado y entregado a los jueces para ser sometido a una causa penal con arreglo a las leyes.
Así lo expresó con inusitado valor civil monseñor Monsalve, arzobispo de Cali, unos cuantos días después de acaecidos los hechos. Desde luego que atreverse en Colombia a levantar un dedo acusador contra las fuerzas militares y el gobierno nacional, acarrea la inmediata avalancha del sin número de defensores del orden establecido, encabezados como siempre por algún general furioso y el atado de comentaristas y editorialistas de la gran prensa adictos al crimen.
Para que cualquier  otro ciudadano que intente dárselas de héroe, recuerde de inmediato a su familia e intereses personales antes de atreverse a exponer su propia vida al peligro. Que así es este país lo prueban millones de víctimas. Y una insurgencia armada con más de medio siglo de historia. Los guerrilleros podemos decir lo que le está vedado a la mayoría intimidada, y es por eso que procedo a referir aquí lo que comenta tanta gente en voz baja.
El Presidente Santos, tras conocerse la noticia, no sólo reconoció haber llorado de felicidad al enterarse, sino que a medida que su soberbia fue creciendo, se dedicó a publicar que la orden había sido emitida directamente por él tras haber sido consultado al respecto. En su más reciente afán por la reelección lo repitió muchas veces, incluido el día 13 de junio de 2014, ante las cámaras de televisión, tras lo cual escenificó un arrebato de satisfacción.
Dicen los que saben, que la primera obligación que adquiere un Presidente al posesionarse es la de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República, de las cuales  hacen parte los tratados y convenios internacionales suscritos por el país. Y expresan también los serios interrogantes que genera la pobre argumentación presidencial según la cual su orden de matar a Cano obedeció al hecho de que estamos en guerra. Reiterada confesión que excluye dudas.
Fundamentan su argumentación en disposiciones como estas. El artículo 4 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, de obligatoria aceptación en los conflictos armados sin carácter internacional, dispone que quien haya dejado de participar en las hostilidades tiene derecho a que se respete su persona y a ser tratado con humanidad en toda circunstancia. Expresamente prohíbe ordenar que no haya supervivientes. ¿Acaso Alfonso no lo era?
El mismo Protocolo dispone la prohibición de matar por fuera del combate. Lo cual envuelve, por elemental lógica, dar la orden de hacerlo. Por otro lado se recuerda que el artículo 145 del Código Penal Colombiano considera como un acto de barbarie rematar heridos o enfermos. ¿Cabe incluir aquí a un solitario Alfonso Cano, superviviente de un brutal bombardeo y ametrallamiento, aturdido y casi ciego, reducido y rodeado por la enorme tropa enemiga?
Por su parte, la orden de no dejar sobrevivientes es elevada a la categoría de crimen de guerra en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 8, numeral 2, literal I, que frecuentemente es invocado por el gobierno colombiano como advertencia jurídica en contra de la insurgencia, en cuanto norma de obligatorio acatamiento en nuestro país. ¿Y qué decir del literal VI que considera un crimen privar a un prisionero de guerra de su derecho a un juicio legítimo e imparcial?
El Presidente Santos y sus asesores debieron tomar en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, sólo admite la pena de muerte como consecuencia de una sentencia judicial debidamente ejecutoriada,  emitida por tribunal competente, de conformidad con una ley anterior que establezca tal pena y dictada con anterioridad al delito que se imputa.
Sin mencionar la Constitución Nacional de 1991, tan esgrimida por sus defensores como máxima consagración democrática en la historia de nuestro país, en cuyo artículo 11 se consagra la inviolabilidad del derecho a la vida y la prohibición de la pena de muerte. Es claro que tan formales garantías no pasan de ser una fórmula propagandística en un Estado que asesina oficialmente, con premeditación y alevosía, porque esas son, según el Presidente, las reglas del juego.
El presidente Santos ha reconocido ante la opinión pública, que efectivamente dio la orden de ejecutar extrajudicialmente a un prisionero de guerra herido, desarmado y fuera de combate, con el que además adelantaba conversaciones para iniciar un proceso de paz. El Presidente dirige constitucionalmente la fuerza pública y dispone de ella como comandante supremo, asumiendo incluso si lo considera conveniente la dirección de las operaciones de guerra.
De este y los innumerables crímenes sucedidos en este país habrá que tratar en los debates que sobre el tema de víctimas se iniciará próximamente en La Habana. Los crímenes de Estado configuran una nefasta tradición en Colombia y son ellos los causantes directos de la prolongada y heroica rebeldía armada de miles de colombianos. En la Mesa nos trazamos como máxima que no llegamos a pactar impunidades. ¿Estará Santos dispuesto a responder por su crimen confeso?
Montañas de Colombia, 27 de julio de 2014.

lunes, 7 de julio de 2014

La izquierda colombiana amaestrada por los izquierdistas acomodados y la Pequeña burguesía



Libardo Sánchez Gómez

La izquierda electorera de Colombia, en la que se incluyen pequeños burgueses de la talla del ex presidente Ernesto Samper  y la senadora electa Claudia López, cuyo interés no va más allá de que los insurgentes se entreguen a cualquier precio,   decidió votar en masa por la paz santista en contra de la paz Uribe-zuluaguista, sin tener en cuenta que una y otra  son una  misma concepción  del Departamento de Estado gringo. Hábilmente  vendieron a las bases  la idea de que si ganaba Zuluaga se terminaban ipso facto las conversaciones con las guerrillas de las FARC y del ELN. Las mieles del poder y el sabor de la mermelada fueron suficientes para dejar de lado que no es  Santos,  Zuluaga ni ninguna Marta Lucía u otra bruja quien decide     firmar o no acuerdos de paz con la insurgencia armada. Eso es de resorte exclusivo de los intereses estratégicos de los norteamericanos. Por eso terminadas las elecciones el vicepresidente Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. de EEUU vino a Colombia a dejar en claro que “la paz es un asunto interés de los EEUU” y a examinar los puntos acordados  entre Gobierno (vasallos) y guerrilleros.

La  paz santista o, mejor, la paz del Pentágono, que   magnificaron los acuciosos izquierdistas de las urnas, se puede  resumir en tres puntos esenciales: como punto nodal se puede destacar  el referente a la tierra y territorialidad, en el fondo se trata de ver como las guerrillas y los pequeños propietarios campesinos se acomodan al lado de los grandes latifundios transnacionales y criollos, sin que se altere para nada el estado actual de tenencia de la tierra. Desde luego que fue en estos términos como aceptaron negociar los insurgentes; los cien o más puntos sobre temas agrarios que estos han llevado a la Mesa de conversaciones no son más que adornos y, tal vez, una muestra de  voluntad, capacidad intelectual y política de los alzados en armas, pero nada más.  El segundo punto de gran importancia de la paz que se discute en La Habana es el referente a los cultivos ilícitos,  en este caso se propone que los campesinos, que hoy sobreviven trabajando como “raspachines”, para seguir sobreviviendo, se dediquen a erradicar  manualmente los cultivos ilícitos. Esta actividad, también, servirá de distractor para los guerreros de base que se desmovilicen.  Y un tercero y esencial asunto de la paz santista es el que tiene que ver con las condiciones materiales, logísticas y de seguridad en torno a la terminación de la lucha armada y reintegro por parte de las FARC y, próximamente, del ELN.  Aunque es demasiado simplista y desconsiderado decir que el tercer punto se quiere negociar a punta de mermelada,  así se le dice hoy a las curules en el parlamento y a los puestos en embajadas y en ministerios. Las discusiones más allá  de estos temas no son más que vistosas arandelas  a las cicateras concesiones a los alzados en armas  permitidas por el amo del Norte. La Comisión de la Verdad  donde, probablemente, saldrán  a flote algunas de las atrocidades cometidas por los militares sólo  servirá para allanar el camino a la justicia transicional bajo cuyo paraguas   se podrán   a salvo unos y otros de los actores enfrentados. 

¿La propuesta pacificadora de Juan Manuel Santos,  justificó la desbordada euforia  de la  dirigente del POLO Clara López y de su fórmula presidencial  Aida Abella, presidenta de la martirizada y desmantelada Unión Patriótica? El tiempo lo dirá, pero es de esperar que el voto a favor de la oligarquía se vea recompensado, al menos,  con un puesto de segunda en la burocracia ministerial. ¿Apoyará Santos la aspiración a la alcaldía de Bogotá de Clara López?

En la cesta electorera a favor de Santos se sumó la otrora izquierda seria encarnada en La Unión Patriótica, víctima de la barbarie de la oligarquía,  hoy, desafortunadamente, presidida por Aida Abella,  señora a quien el prolongado exilio dejó totalmente desorientada. Lo cierto es que  la  Izquierda acomodada y la Pequeña burguesía  lograron amaestrar y domesticar a la “izquierda dura”. Cómo explicar la actitud hacia la “mermelada” de, salvo contadas excepciones como lo fue el senador Robledo, los izquierdistas colombianos. Tratando de explicar la  actitud “patriótica a favor de la paz” de la  izquierda “centrodemocrática” recogemos lo que  dice Níkolas Stolpkin, “La hábil estrategia de convertir los diálogos de paz en el tema central de la campaña,  dejando de lado la agenda social y las críticas al clientelismo, y de forzar una segunda vuelta con el candidato uribista, condujo a los resultados esperados”, y cabe agregar a confundir a la masa “izquierdeada”.

Como consuelo para tontos queda el hecho  que la desideologización no es privativa de los que caminan  a la izquierda de la cuerda floja política en Colombia, pues en Europa y otras latitudes también se “cuecen habas”,  Marine Le Pen en La pesadilla de la Unión Europea y de una Izquierda llorona, manifiesta: ¿Cómo no podría desagradar una Izquierda acomodadiza que acostumbra a profundizar las políticas Neoliberales al momento que le toca bailar junto al Poder? España, Francia, Chile son ejemplos claros de una Izquierda cómoda que baila junto al Poder profundizando políticas Neoliberales, abriendo el camino a la Pequeña Burguesía y cerrando el paso a la clase trabajadora y explotada”. Y por esa senda caminan tanto quienes se supone quieren que en La Habana se discutan cambios estructurales económicos, sociales y culturales, como por quienes, caso Claudia López, solamente desean la entrega incondicional del pueblo en armas.


Y, borrando fronteras ideológicas,  Armando Novoa García (Razón Pública. Com.  17 de junio 2014)  en su artículo afirma algo que  cae como anillo al dedo a los izquierdistas de marras, “Transitar de considerarnos enemigos unos colombianos con otros, a una fase de cooperación pacífica, es un proceso al que estamos dispuestos, conscientes que la voluntad de paz la demostramos con nuevas realidades construidas por ambas Partes, y que de ellas es que nacen las confianzas”. Pero olvida el citado articulista que la lucha de clase sigue vivita y coleando y que la oligarquía atiza con ahinco el odio de clase y utiliza permanentemente la combinación de todas las formas de lucha. Basta escuchar el lenguaje desobligante del  ministro Pinzón y los altos mandos militares al referirse a la contraparte negociadora en La Habana.  En un quiebre de punto de vista el  mismo articulista recomienda,  “Santos está obligado a recoger, directa o indirectamente, las críticas de Zuluaga al proceso de paz, o al menos a exigir que se agilicen las negociaciones y que la guerrilla modere sus pretensiones”. ¡Vaya ironía! Pedirle moderación a las FARC, cuando la guerrilla no está pidiendo prácticamente nada para Ella y ningún cambio estructural  al modelo económico. Ni siquiera exige con firmeza la presencia en la Mesa de conversaciones  del Paisa comandante de la columna Teófilo Forero, uno de sus más eximios guerreros así como de Simón Trinidad y Sonia.

La  izquierda electorera, tampoco, tomó en cuenta que Santos es un mentiroso y traicionero de tiempo completo, aún, antes de sentarse a conversar formalmente con el ELN   les puso conejo, lo que obligó a los Elenos  a quejarse vehementemente,  “Nos preocupa que apenas iniciando esta fase pública del diálogo, el gobierno cambió el punto sexto del Comunicado conjunto, que termina con un llamado a “construir un país en paz y equidad”; esta modificación la efectuó la oficina del Comisionado de paz, al momento de leer esta declaración ante la prensa, a las 11 de la mañana del martes 10. La constancia de esta modificación está en los registros periodísticos, de las lecturas del Comunicado hechas por la Plataforma Clamor Social por la Paz y por la oficina gubernamental referida” (Delegación de Paz del ELN) Y   en materia de apaciguamiento de la confrontación ofrece “bala señores”; pasadas las elecciones anunció el incremento del pie de fuerza y las acciones de guerra  contra la insurgencia, sobre todo contra el contra el temido Paisa, de quien se dice que no se le permitirá asistir como delegado en La Habana.

Como punto final,  quedan flotando en el ambiente soso de la paz y la guerra preguntas como: ¿a dónde  llevará la pobreza conceptual, ideológica y ética de los  dirigentes izquierdistas? ¿Se saldrá con la suya, por tan poco, Juan Manuel Santos? ¿En el futuro cercano tendrán  las locomotoras mineras transnacionales los rieles despejados para llevarse  nuestros recursos naturales?