Tener un trabajo no aleja la pobreza, que se ceba especialmente con los niños.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-Es) alertó este jueves de que un millón de personas viven en España en situación de pobreza extrema y exclusión social, lo cual implica tener unos ingresos mensuales inferiores a 332 euros, que las personas que pueden trabajar en el hogar lo hagan en jornadas de menos de dos horas y que se enfrentan a privación material severa, por lo que, por ejemplo, no pueden poner la calefacción, consumir carne o pescado dos veces por semana ni ir de vacaciones.
Además, EAPN-Es subrayó que en total casi 14 millones de personas viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España. Esto se debe a que, con la crisis, España "ha alcanzado cifras récord de pobreza, desigualdad y privación material severa". Estas son algunas de las conclusiones del V Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009-2014', presentado este jueves en Madrid.
En concreto, el 2,3% de la población que sufre los tres factores de desigualdad estudiados (desempleo, pobreza y privación material), lo que supone que 1.075.741 personas se encuentran en la peor situación económica y social posible.
El indicador de riesgo de pobreza y exclusión europeo (Arope) alcanza al 29,2% de la población española. Es decir, afecta a un total de 13.704.003 personas. El indicador incluye a quienes experimentan alguno o varios de los tres factores de desigualdad: pobreza relativa (que afecta al 22,2% de la población); privación material severa (7%, lo que supone más de tres millones de personas) y baja intensidad de trabajo en el hogar (17,1%).
POBRES CON TRABAJO
El sociólogo e investigador que ha elaborado el informe, Juan Carlos Llano, incidió en que "la pobreza depende más bien de políticas, más que de economía.
Por ejemplo, en Estados Unidos se viene hablando de los pobres con empleo desde el año 2000. Y aquí ya vamos avanzando en ello. Es la política neoliberal".
En este sentido, se recordó que con la crisis económica ha cambiado el perfil de las personas que se encuentran en las peores condiciones, pues tener un empleo o una pensión no significa hoy en día no ser pobre. Hay personas adultas con trabajos o pensiones en el 11,8% de los hogares en pobreza, y un 2,1% que sufren tanto pobreza como privación material, que disponen alguno de esos ingresos.
Hasta 2013, el problema del desempleo tenía un peso crucial en el riesgo de pobreza y exclusión. Con los datos de 2014, se observa que la gran subida del Arope se debe al aumento de la pobreza, pues este supuesto aporta el 75% del peso del indicador.
POBREZA INFANTIL
EAPN también mostró preocupación por el aumento de la tasa de pobreza entre los niños, pues mientras los mayores se ven menos afectados, la pobreza infantil ha aumentado. Después de una tendencia a reducirse, en 2014 se produjo un incremento de 3,4 puntos porcentuales, y se ha colocado en el 30%.
También la infancia es la más perjudicada en cuanto a las tasas de privación material, y el problema se extiende a las familias con hijos.
Los hogares monoparentales con uno o más hijos presentan la situación más grave, con una tasa de privación material severa de 53,3%, mientras que la tasa del resto de hogares es del 29,2%. "Tener hijos aumenta el riesgo de exclusión social", sentenció el presidente de EAPN España, Carlos Susías, que dudó que mantener a un menor suponga el 30% del gasto de un adulto, como definen los parámetros oficiales para estudiar la pobreza.
MODELO DANÉS
Susías subrayó que "fortalecer las estructuras de rentas mínimas y los empleos de calidad ayudarían a erradicar la pobreza", una situación que, en su opinión, "no es un castigo divino", sino "consecuencia de las políticas que se hacen en la UE".
Por su parte, Graciela Malgesini, responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política de la Red, puso como ejemplo el modelo "danés" implantado en el País Vasco, que junto con Navarra, son las comunidades autónomas con menos pobreza en España, apreciándose notables diferencias entre el norte y el sur del país. Este modelo, destacó la experta, contempla las políticas sociales como inversión, "no como gasto". La falta de esas políticas en el conjunto del país explicarían que España sea el segundo país "más desigual" entre ricos y pobres. De hecho, los datos de desigualdad apuntan a que el 10% de la población más rica posee la cuarta parte de la riqueza del total de España.
Por comunidades, Ceuta y Murcia tienen las mayores tasas de Arope, con el 47,9% y el 44,9%, respectivamente, frente al 14,5% y el 15,3% de Navarra y el País Vasco. Es decir, la desigualdad se manifiesta en 30 puntos porcentuales de diferencia entre comunidades.
Fuente: servimedia
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EL VIAJERO Y SU SOMBRA
jueves, 15 de octubre de 2015
Un millón de personas están en pobreza extrema y exclusión en España
martes, 13 de octubre de 2015
El “ternurismo” de las FARC-EP
El “ternurismo” de las FARC-EP
Libardo Sánchez Gómez
La
“paz”, vacía de cualquier contenido
social, que, aún, se discute entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos
y que está ad portas de concretarse en
la “mesa de sometimiento” en La Habana, nació como un anzuelo, para apuntalar
su reelección, así lo
entendió todo el mundo menos las FARC quienes lo mordieron
y quedaron enganchadas para siempre.
El
punto final de la lucha armada que se avizora en la “mesa de sometimiento” de
La Habana (¿victoria, derrota, cansancio?)
por parte de las guerrillas colombinas, por ahora de las FARC, el ELN está
haciendo fila para entrar al proceso, tiene y tendrá en el futuro mediano múltiples
explicaciones o interpretaciones las cuales son difíciles de precisar, por lo
tanto no son objeto de este escrito. Pero en cambio sí es dable pasar la vista de
reojo sobre los desarrollos
y, probables, resultados
de dichas conversaciones entre FARC -
Gobierno. ¿“Mesa de sometimiento”? La plena aceptación por parte de los insurgentes de las líneas rojas trazadas por la oligarquía así lo indica; da la impresión
que las FARC-EP actúan con afán y como
si hubiesen sido derrotados en el campo de
batalla. De las posiciones altivas iniciales
de los rebeldes ya no quedan sino ecos inaudibles. Sus líneas rojas, una tras
otra, han sido borradas y reemplazadas
por los infranqueables muros rojos del Gobierno. Comenzaron aceptando que ellos
no son ni han sido víctimas del régimen inhumano y criminal
sino crueles victimarios. Así mismo, del
“no pagaremos un solo día de cárcel” pasaron a
negociar algún cómo y cuándo someterse a los caprichos jurídicos de la
burguesía. Y el
grito de “tierra para el que la trabaja” quedó atrapado en una de las tantas “salvedades”, línea roja no negociable por
parte de la oligarquía agraria.
Sorprendió
el elevado grado de “ternurismo del comandante Timochenko, expresado durante la entrevista
concedida por éste a Piedad Córdoba”, el
ternurismo del curtido guerrero, tal vez, está influenciado por el alto consumo
en la selva de carne de cerdo salvaje (pecarí de dientes acerados) Manuel Marulanda, el comandante de hierro, desde
el universo paralelo en que se
encuentre se dirá para sus adentros que su sucesor tiene “corazón de pollito”. Y hablando
del acero, metal conque se forjan los guerreros, a Timochenko se le nota mucha “fatiga del
metal”. Las lágrimas que le afloraron indican que el oficio de la guerra, del de entonces, ya no es su oficio; desde luego “lágrimas de hombre, porque los hombres no tienen como
las mujeres débil el alma”.
Y sorprenden las tácticas y estrategias de los negociadores de las FARC, en cualquier
tipo de negociaciones, sobre todo de tipo político, es de esperar que, a medida
que avanzan las conversaciones, las partes traten de mejorar su posición mediante el endurecimiento de su
accionar en el terreno. Pero las FARC escogieron la táctica del “auto
ablandamiento”, comenzando con el cese unilateral de fuego y continuando con la suspensión de las rutinas
de entrenamiento militar al interior de sus frentes. ¿Qué tal que Santos, como
es de esperar, convierta las salvedades pendientes en líneas rojas no
transables? ¿Y qué tal que, tampoco nada raro, sabiéndolos que andan ensayando
bambucos y pasillos, para el día de la entrega de las amas, le dé por copar los
campamentos o por difuminarlos desde la estratosfera con bombas de quinientos
kilos?
En
Colombia, sobre todo los campesinos desheredados y los despojados de su tierra, esperan
que, por lo menos, las salvedades referentes
a la estructura de tenencia de la tierra sean
peleadas con dientes y uñas por parte de los rebeldes, pero ahora con su
capacidad militar menguada poco podrán hacer; la
oligarquía terrateniente las defenderá a sangre y fuego, ésta por las buenas no
está dispuesta a ceder un milímetro de
sus vastos latifundios. Las FARC no pueden olvidar que esa es su razón de
ser, la violencia y saqueos ejercidos
contra los minifundistas fue el leitmotiv que
llevó a Manuel Marulanda Vélez y sus coterráneos a empuñar el fusil contra la
oligarquía hegemónica usurpadora. Es meridianamente
cierto que mientras no cese la concentración de tierras y el
vandalismo contra los campesinos, alguien empuñará las armas.
Es
claro que la guerrilla está decida a
dejar el quehacer guerrero para buscar
por la vía política las transformaciones que ellos y el pueblo anhelan, ¿pero
el camino que
caminan para lograrlo será el camino correcto? ¿Las FARC avanzan por la vía que los pazólogos (seudo izquierda sin conciencia
de clase, pro capitalista, social demócrata, anti socialista y amaestrada por la burguesía) les indica? Los pazólogos sostienen que depuestas las armas
se abre la senda de las transformaciones socioeconómicas, largamente esperadas,
pues los fusiles son el principal obstáculo para el cambio. En el imaginario de
la auto llamada “izquierda democrática”, la lucha de clases es, apenas, un “trasnochado
embeleco” dado que las relaciones entre los sin nada y la todopoderosa
oligarquía nacional y transnacional es de plena armonía. Pero la realidad
tozuda contradice su ilusa postura sociológica. Y, como en un contrasentido, la oligarquía
termina siguiendo al pie de la letra a Marx, pues ésta sí combina perfectamente todas las formas de lucha y ejercita
al máximo el odio de clase. Su delicado
sentido del olfato no tolera el hedor de la pobreza, los pobres les huelen a
pobre. Y
en su accionar violento contra
los sectores populares no muestran el más mínimo “ternurismo”. Su lógica clasista, inspirada en la teoría
de “la seguridad nacional” y del “enemigo interno”, les lleva al asesinato
selectivo de líderes de la oposición de izquierda, sindicalistas, estudiantes,
campesinos reclamantes de tierras y participantes de las mesas agrarias, entre
otros. Por la misma vía sindican, encarcelan y eliminan a cualquiera que
amenace sus privilegios de clase.
Otro
aspecto que la “izquierda democrática” (¿un tanto paralela a la “seguridad
democrática”?) deja de lado es que la burguesía transnacional a partir de la estructura económica, léase
capitalismo globalizado colonial, ha armado las superestructuras al tamaño de
sus ambiciones, así que el ordenamiento jurídico, la cultura de la violencia,
la educación, la información, la
religión (los altos jerarcas caminan hombro a hombro con los poderosos)
aseguran la preservación perpetua de sus privilegios. Esas son las condiciones socioeconómicas
impuestas por el Régimen, para entrar a negociar con los insurgentes, escenario, a la vez, aceptado por la insurgencia.
La oligarquía tiene miedo que en Colombia,
una vez desarmadas las guerrillas,
ocurra como en Centroamérica, Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde sectores progresistas (¿populistas?) vía las urnas
accedieron al poder. Por eso la burguesía criolla desde hace décadas se viene
preparando para evitar que eso pueda ocurrir. El concepto del “enemigo interno”
es el principal eje de su accionar político militar. Así
que para anular el peligro político que representan las guerrillas sin armas, las
clases hegemónicas disponen de miles de militares y paramilitares,
los cuales en diversas partes del país ya están afinando las motosierras para danzar el baile rojo de la muerte con los
guerrilleros reinsertados. Eso ya lo practicaron con cientos de desmovilizados
del EPL y lo hicieron con miles de militantes de la unión Patriótica. Fatalmente
eso no podrá cambiarse tan fácilmente, menos en los cuatro meses que hacen
falta para poner punto final a los acuerdos. ¿Qué harán las FARC para evitarlo?
miércoles, 7 de octubre de 2015
"Uribe, no pierda esta oportunidad de reconciliación"
Entrevista en La Habana a Rodrigo Londoño Echeverry, “Timochenko”, máximo comandante de las Farc
El Espectador
-Usted es considerado por algunos medios un terrorista y nadie cree que un terrorista tiene mamá y papá. ¿Cómo es esa historia?-Nací en La Tebaida, 20 días después del triunfo de la Revolución Cubana. Mis padres eran paisas, de la ola que colonizó Quindío. Les tocó vivir la Violencia. Aprendí a leer en una Biblia que me regaló mi madre. A los 13 años me fui de la casa a rebuscarme la vida, por una diferencia con mi papá, un liberal que terminó comunista. Leía a María Cano, a Gaitán, a Torres Giraldo y oía Radio Habana Cuba. Regresé a vivir con una tía y a acabar bachillerato e ingresé a la Juventud Comunista muy muchacho.
-¿Cómo llegó a la guerrilla?
-La muerte de Allende me dejó una profunda marca: la vía democrática estaba cerrada. Leí los Cuadernos de Campaña de Marulanda y me dio por buscar la guerrilla. Un señor Londoño, dirigente político de Quindío, me hizo el contacto y llegué a las Farc en el Sumapaz a los 17 años. Un señor muy serio me hizo la hoja de vida. Después supe que se llamaba Jacobo Arenas. A Marulanda lo conocí sin saber quién era y confieso que no me cayó bien.
-¿Qué fue lo que más duro le dio?
-El frío del páramo y las llagas de unas botas que me dieron número 42 (yo calzaba 38).
-¿Cómo escogió un seudónimo tan raro?
-Uno no podía usar el seudónimo de otra persona. Ensayé varios nombres, pero todos tenían dueño, hasta que me encontré con Martín Villa, que acababa de llegar de la Unión Soviética y me dijo, pues póngase Timobich Timochenko, su profesor de marxismo. Era un nombre que nadie podía tener. Ya bautizado salí para El Pato, a un comando que había en el río Coreguaje. El comandante era Joselo, compañero de Manuel desde Marquetalia. Conocí también a otro de esos guerreros, Abanico, que me maravillaba con sus historias de combates en el sur de Tolima. A mí todo ese mundo de la selva, del páramo, de los ríos, de los nacederos de agua me fue encantando. En una de esas correrías se ahog óen el Guayabero un compañero y desde entonces le cogí miedo al agua.
-¿Su primer combate?
-No lo recuerdo bien. Pero el que se me quedó fue el asalto a una patrulla del Ejército donde quedaron 7 soldados heridos y 13 rendidos. Fue una pelea de tres horas en que combatieron muy duro. Curamos a los heridos –yo era enfermero– y después con ropa de civil los dejamos libres. Llegaron a La Uribe en calzoncillos diciendo que así los habíamos mandado. Falso. Temían que les cobraran los fusiles. Eso dio lugar a un bombardeo de la zona del Pato, de donde salió una marcha de protesta que se tomó el estadio de Neiva.
Estuve un tiempo con Jacobo Arenas. Nos hicieron una embestida feroz. La operación duro varios meses. Jacobo mostró quién era, cargaba morral como nosotros, echaba rula para abrir trocha y nunca perdió el humor. Fue una encerrona cruel, sobre todo por la falta de comida. Sin dulce, la vida es amarga y sin sal, la muerte acecha. Jacobo ordenó no tocar los cultivos de caña de los colonos. Pero la gana de dulce nos ganó y cortamos unas cañas gechas para calmar la gana. Jacobo supo y nos dio la orden de restituir el abuso sembrándole al campesino media hectárea de caña, así aprendí lo que era la reparación. Es nuestro modelo de reparación.
-¿Y con Manuel anduvo?
-Sí. Un tiempo largo. Estaba muy ocupado preparando la VII Conferencia en la época de los Acuerdos e La Uribe con Belisario Betancur.
-¿Cuál es la diferencia específica de esta negociación con las otras?
-Mire: La del Caguán fue un engaño, una patraña. La FF. MM. estaban débiles. Recuerde que dijeron que no tenían para municiones ni para botas. La guerrilla estaba fuerte. Habíamos dado golpes muy duros como el de las Delicias, Patascoy, La Carpa, San Benito. El gobierno de Pastrana necesitaba ganar tiempo para hacer la reingeniería del Ejército. Lo ha dicho y lo ha escrito. Fue el Plan Colombia, financiado y diseñado por EE. UU. Nosotros no éramos bobos. Hoy parece que la clase dirigente quiere abrir la puerta para que entren a jugar nuevas fuerzas en el campo político. Si así no fuera, Santos no habría podido llegar donde está. Fue una actitud distinta desde el comienzo. Cuando llegó el primer mensaje del Presidente, su contenido y su forma nos parecieron distintas. El contexto también lo era. Hay fuerzas mundiales y regionales que son conscientes de que el mundo iba hacia el abismo y que por ese camino, nos destruiríamos todos. Han dicho que Santos ha negociado con nosotros el poder. Nada de eso. Él tiene sus objetivos y nosotros los nuestros. No le negamos réditos políticos a su proyecto, pero también sacaremos adelante el nuestro: llegar a la paz con fuerza política.
-¿Cuándo se dieron cuenta de que llegar a guindar hamaca en el capitolio no era posible?
-Nosotros nunca llegamos a la conclusión de renunciar a nuestros objetivos: Todo es susceptible de cambiar. La historia es muy compleja. ¿Quién iba a pensar el derrumbe de la URSS de un día para otro y sin disparar un tiro? Hay cosas que se salen de la voluntad de las partes. Nosotros estamos convencidos de la justeza de nuestra causa y lucharemos hasta el final. Yo le decía al presidente Chávez: Nos han golpeado: mataron a Raúl Reyes, asesinaron al Mono Jojoy con toneladas de bombas, ejecutaron a Alfonso, se nos murió Marulanda, pero seguimos vivos. El enemigo creyó que estábamos en las últimas y que si nos tiraban un salvavidas nos íbamos a prender de patas y manos. Pero nosotros sabíamos que en la mitad del río, lo iban a desinflar. No en vano llevamos tantos años conociéndolos. Hemos sido flexibles en la misma medida en que el Gobierno lo ha sido. Tenemos el deber histórico de entregar a las nuevas generaciones un país sin guerra. No seríamos leales con nuestra gente si somos inferiores a nuestro deber.
-¿Cuáles son las líneas rojas de las Farc?
-Las líneas rojas de ellos y de nosotros se han ido redefiniendo. Algún comandante dijo una vez que si no había reforma agraria no había acuerdo. Lo reconsideramos y llegamos a la conclusión de que lo que se requería era crear unas condiciones que nos hicieran posibles y seguras una forma de lucha por la reforma agraria integral sin tiros. Lo mismo sucede con el tema de la justicia. Duramos casi un año en un circulo vicioso sin dar un paso. Nos venían a decir: “Acepten la cárcel, será una cárcel distinta, sin barrotes, cómoda y hasta llegaron a decir: ustedes definen quienes son los máximos responsables. Dijimos: No se trata de eso. No se trata de un acuerdo en que una parte ejerza venganza sobre la otra. ¡No! Asumimos la responsabilidad que nos toque siempre y cuando sea basada en un acuerdo que a todos obligue.
-¿Cómo entienden lo del perdón?
-¿De qué y a quién pedimos perdón? No a nuestros enemigos, pero sí a las víctimas; no a las de un informe que anda diciendo que violamos mujeres de 4 a 70 años. Lo que más respetamos es a la mujery a la población civil. Está en el reglamento. En la guerrilla se establecen parejas y se sabe que los conflictos entre parejas no se resuelven a puños, eso lo sancionamos con toda severidad.
No vamos a pedir perdón a víctimas creadas artificialmente. Hemos bregado para que el acuerdo se construya conjuntamente. Al tribunal no vamos a ir a acusar, no somos fiscales de la causa. El Estado tiene una Fiscalía que tiene ese deber y ese derecho, como también lo tienen las víctimas. Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que se deduzcan del tribunal. Si hay compañeros que salen acusados, asumirán su culpa.
-¿Los guerrilleros rasos piensan como los comandantes?
-El mensaje que quiero transmitir es de esperanza. Me llegan mensajes de la guerrillerada que aplauden los avances y acuerdos. No metamos ruidos innecesarios. La guerra hace demasiado ruido para aumentarlo. Nuestros mandos no han hecho operativos para matar civiles y jugar fútbol con sus cabezas, como los paramilitares. Pero también hay que decir que actuamos en una dinámica de guerra, que es justamente lo que se trata de acabar. Nosotros formamos ideológicamente a la guerrillerada para no ser vengativa, ni dar vía libre a la rabia que sienten por el asesinato de sus familias. No somos terroristas. Jamás podría aceptar que me acusen de terrorista. Nunca hemos tratado de que nos sigan a punta de terror. Se inculca el respeto por la vida humana, pero somos humanos. Andar con un fusil en la mano y una escarapela de las Farc en el brazo da mucho poder. Nuestra lucha diaria es la de elevar el nivel de conciencia política, que es lo único que puede frenar los abusos de la fuerza. Un hombre armado y sin nada en la cabeza, decía Jacobo, es sumamente peligroso. Hay errores, lo aceptamos, pero nunca hemos hecho guerra sucia. Nos han matado familiares para doblegarnos y no sólo no han podido, sino que nosotros no hemos recurrido al mismo sistema de pelear. Una vez Fidel Castaño nos dijo: la mejor manera de acabar la guerra es echarles mano a familiares de los generales. Le contestamos: Nooo, ese es su método, no el nuestro.
-¿Y los secuestros?
-Las retenciones económicas no están en el acuerdo del 23 de septiembre. Es un tema difícil y complejo, que no queremos tratar a través de los medios. Jacobo era partidario de revaluar esa política económica. Fue una herramienta para sacar adelante nuestro proyecto político. El escenario jurídico esta creado.
-Hablemos de la no repetición
-Si no trabajamos este punto, no hemos hecho nada. Pero ese es el fin en que estamos comprometidos. La no repetición no se logrará metiendo a la cárcel a los máximos ni a los mínimos responsables. Si hubiéramos creído que ese era el objetivo del proceso, no le habríamos jalado. Siempre tuvimos la percepción de llegar a la no repetición por un camino distinto al punitivo.
-¿Cómo se dio el paso para fijar una fecha definida?
-Yo soy consciente de que poner una fecha es un peligro. Se puede desbaratar todo. Nosotros aceptamos porque él ha dado muestras de consecuencia en momentos muy duros. El 23 de septiembre parecía venir por las armas, pero se dio cuenta de que eso nos habría autorizado a pedir lo mismo. Quizá supimos todos ponernos en los zapatos del otro. Fue muy difícil –más para el presidente que para nosotros– cuando me dijo: Hay que ponerle fecha, porque si no ¿a qué vine? Si no vuelvo con algo, esto se derrumba. Aceptamos porque creímos, y creemos, en la voluntad política del Gobierno. Si dentro de seis meses faltan cosas por resolver, le buscamos la comba al palo. La gente es comprensiva si nos ve trabajando con disposición. Hay que ir creando esa confianza entre ambas partes.
-¿Cómo reparar?
-El tribunal debe definir como hacerlo. Nosotros hemos reconstruido pueblos donde nos ha tocado combatir. No nos sentimos humillados, ni disminuidos ni castigados por ayudar a reconstruir lo destruido en la guerra. Lo hemos hecho sin publicidad.
-¿Y la restricción de la libertad como se entiende?
-¿De qué se trata esa limitación? ¿De no poder ir a visitar a la mamá? ¿De no poder ir a tomarnos una cerveza? El penalista mas respetado de Italia, dijo: “La cárcel nunca ha resuelto nada”. Si me dicen que pagando cárcel se arregla una pelea que comenzó cuando yo no había nacido, pues listo, me voy a pagar cana. Pero así, ¿cuántas sillas vacías quedarían? No se trata de ponernos uno al otro de rodillas. Esa no es la paz. Por ese lado nunca habría acuerdo.
Miremos como se inició esta guerra. Y no vamos tan atrás. ¿Cómo fue el ataque a Casa Verde en el 90 para impedir que participáramos en la Constituyente? ¿Para qué sirvió? ¿Cuántos millones de dólares costó y cuántas vidas de los nuestros y del Ejército ese embeleco de querer acabar la guerra en 18 meses como prometió el ministro de Defensa de entonces? Se perdió una oportunidad histórica contada en muertos. Así no se hacen acuerdos. Cuando le dijeron al ministro que ya habían pasado los 18 meses, respondió: Sí, pero los tengo durmiendo en el suelo. Nos dio risa: nosotros siempre hemos dormido en el suelo, doctor Pardo.
-¿Cómo entender la dejación de armas?
-El acuerdo sobre justicia ahí está. Eso da tranquilidad, hay que desarmar los espíritus, como se dice. Si lo logramos, las armas quedan inservibles así se tengan cerquita. La comisión con los militares trabaja en eso. Marulanda siempre pidió que los militares estuvieran en la mesa. Por eso nos dio tanta seguridad que el general Mora estuviera. Sabemos quién es él y qué poder tiene. Su presencia fue una señal de voluntad de parte del Estado y nos ha convencido su actuación en ella. Esa subcomisión ha trabajado con honradez. En el tema de cese al fuego comenzamos a una distancia de años luz y hemos ido acercando posiciones. Hacerlo público agrandaría las distancias. Por ahí se dicen bobadas de fundir las armas, enterrarlas en un hueco.
Hay que esperar. ¿Pero usted se imagina un buen anuncio en Navidad o en Año nuevo, cuando la gente está contenta? Puede que ese día, le dije al presidente, sea el día más feliz para todos.
-¿Se trata del anuncio de cese el fuego para el 24 de diciembre?
-No, eso le dije al presidente. Dejemos que eso se cocine donde se está cocinando.
-¿El acuerdo sobre justicia salió ya del horno?
-El doctor De la Calle lo firmó y al lado puso “en desarrollo”. ¿Cómo así que frente al escenario que el país vio el 23 de septiembre quedaron espacios en blanco para ser llenados después? Si a lo que firmamos se le cambia una coma, es una pedrada en la vitrina. El presidente le mandó el acuerdo a Moreno Ocampo, un jurista consumado y no un miembro de las Farc. ¿Qué dijo ese señor que ha sido fiscal de la Corte Penal? Dijo: Es una obra maestra.
Hay un antecedente muy significativo. Llevábamos casi un año dándole vuelta a la bolita y de golpe nos volvieron a salir con el cuento de que teníamos que ir a la cárcel. ¿Cómo así? ¿Perdimos el año? Entonces vino Enrique, el hermano del presidente, y conversamos con él. Acababa de pasar la muerte de esos 20 soldados en Cauca. Conversamos y llegamos a una conclusión: ¿Por qué no se nombra una comisión de expertos para encontrar una solución? Dijimos sí, perfecto, pero con una sola condición, sin vetos. Enrique se rio y preguntó: ¿El de Álvaro Leyva? Le dije: Yo no estaba pensando en nombres sino en tiempos. No podemos seguir otro año dándole vueltas a la noria. Enrique se fue y a la hora volvió a decirnos: El presidente está de acuerdo. Tenemos que avanzar. Hay que resolver las cosas y no aplazarlas. Todos tenemos temores, pero eso no puede detenernos. Aquí donde estamos sentados hoy hablé con el presidente y le dije mirándonos la cara: No tenemos cartas marcadas, estamos dispuestos a un arreglo, pero no a un sometimiento. Quedó claro. De ahí salimos a la ceremonia pública.
-Una gran dificultad: los paramilitares
-En este mismo sitio le dije al presidente: El problema más delicado es el del paramilitarismo y no es el tema de los paras que hay en Chocó sino en el de la cultura del paramilitarismo en la vida política colombiana. Debe haber voluntad de hacerlo y de pagar el precio. Hay una cultura que incentiva ese fenómeno, ese método de hacer política. El Estado colombiano tiene que revaluar esa forma de hacer política. Muy importante que el Estado asuma la responsabilidad en la masacre de la Unión Patriótica. Sería un mensaje que nos impulsaría a sacar adelante más rápido lo que nos proponemos. El presidente entiende este asunto. No podemos salir de ahora en delante de la mesa cada cual por su lado a declarar una u otra cosa. Debe haber un vocero de la mesa que le cuente al país lo que se ha ido haciendo. El Gobierno dice que bueno, que le parece muy bien y puntos suspensivos…
-¿Qué papel jugaría EE. UU.en la liquidación del paramilitarismo?
-Nos llenó de optimismo el nombramiento del delegado de EE. UU. que dejó claro que su gobierno es aliado del gobierno colombiano. Eso significa un compromiso. Si EE.UU. liquida, de una vez por todas, la doctrina de la Seguridad Nacional, la paz en el mundo habrá dado un gran salto. La garantía de sacar este proceso al otro lado está en primer lugar en manos del pueblo colombiano. Pero también en la comunidad internacional, Celac, Unasur, Naciones Unidas, la Comunidad Europea.
-¿Cómo será la creación del partido futuro?
-No vamos a desmovilizarnos –como quieren y dicen que debemos hacer–, sino a movilizarnos. Yo le adelanto una cosa: Estamos elaborando una nueva figura: Territorios de Paz y Reconciliación. Le hemos dicho al presidente: Necesitamos un presidente fuerte que garantice el cumplimiento de los acuerdos; queremos firmar con usted y desarrollar los acuerdos con usted. Un presidente que nos garantice la implementación de los acuerdos.
-¿Cómo refrendar los acuerdos?
-Es un tema que no se ha discutido, se trabajará. La posición de nosotros –o nuestra ilusión– es que se refrenden en una Asamblea Constituyente. Podríamos pensar en otra subcomisión para estudiar ese tema.
-¿Uribe es necesario en la reconciliación?
-No excluimos a nadie.
-¿Recibirían a Uribe?
-¿Por qué no? A nadie le cerramos la puerta. Como Rodrigo Londoño Echeverri, le digo: Doctor Uribe, no pierda esta oportunidad de reconciliación.
-¿Timochenko, candidato?
-Yo asumo la comandancia de nuestras fuerzas por mandato de las Farc. Si mañana me dicen asuma la candidatura, obedezco; si me dicen váyase para el Amazonas a ayudarle a Patarroyo en sus investigaciones, allá me voy. Nosotros somos un cuerpo colectivo. Me mandaron a dar una entrevista y lo hice muerto de miedo frente a un montón de cámaras
-¿Cómo llegó a la guerrilla?
-La muerte de Allende me dejó una profunda marca: la vía democrática estaba cerrada. Leí los Cuadernos de Campaña de Marulanda y me dio por buscar la guerrilla. Un señor Londoño, dirigente político de Quindío, me hizo el contacto y llegué a las Farc en el Sumapaz a los 17 años. Un señor muy serio me hizo la hoja de vida. Después supe que se llamaba Jacobo Arenas. A Marulanda lo conocí sin saber quién era y confieso que no me cayó bien.
-¿Qué fue lo que más duro le dio?
-El frío del páramo y las llagas de unas botas que me dieron número 42 (yo calzaba 38).
-¿Cómo escogió un seudónimo tan raro?
-Uno no podía usar el seudónimo de otra persona. Ensayé varios nombres, pero todos tenían dueño, hasta que me encontré con Martín Villa, que acababa de llegar de la Unión Soviética y me dijo, pues póngase Timobich Timochenko, su profesor de marxismo. Era un nombre que nadie podía tener. Ya bautizado salí para El Pato, a un comando que había en el río Coreguaje. El comandante era Joselo, compañero de Manuel desde Marquetalia. Conocí también a otro de esos guerreros, Abanico, que me maravillaba con sus historias de combates en el sur de Tolima. A mí todo ese mundo de la selva, del páramo, de los ríos, de los nacederos de agua me fue encantando. En una de esas correrías se ahog óen el Guayabero un compañero y desde entonces le cogí miedo al agua.
-¿Su primer combate?
-No lo recuerdo bien. Pero el que se me quedó fue el asalto a una patrulla del Ejército donde quedaron 7 soldados heridos y 13 rendidos. Fue una pelea de tres horas en que combatieron muy duro. Curamos a los heridos –yo era enfermero– y después con ropa de civil los dejamos libres. Llegaron a La Uribe en calzoncillos diciendo que así los habíamos mandado. Falso. Temían que les cobraran los fusiles. Eso dio lugar a un bombardeo de la zona del Pato, de donde salió una marcha de protesta que se tomó el estadio de Neiva.
Estuve un tiempo con Jacobo Arenas. Nos hicieron una embestida feroz. La operación duro varios meses. Jacobo mostró quién era, cargaba morral como nosotros, echaba rula para abrir trocha y nunca perdió el humor. Fue una encerrona cruel, sobre todo por la falta de comida. Sin dulce, la vida es amarga y sin sal, la muerte acecha. Jacobo ordenó no tocar los cultivos de caña de los colonos. Pero la gana de dulce nos ganó y cortamos unas cañas gechas para calmar la gana. Jacobo supo y nos dio la orden de restituir el abuso sembrándole al campesino media hectárea de caña, así aprendí lo que era la reparación. Es nuestro modelo de reparación.
-¿Y con Manuel anduvo?
-Sí. Un tiempo largo. Estaba muy ocupado preparando la VII Conferencia en la época de los Acuerdos e La Uribe con Belisario Betancur.
-¿Cuál es la diferencia específica de esta negociación con las otras?
-Mire: La del Caguán fue un engaño, una patraña. La FF. MM. estaban débiles. Recuerde que dijeron que no tenían para municiones ni para botas. La guerrilla estaba fuerte. Habíamos dado golpes muy duros como el de las Delicias, Patascoy, La Carpa, San Benito. El gobierno de Pastrana necesitaba ganar tiempo para hacer la reingeniería del Ejército. Lo ha dicho y lo ha escrito. Fue el Plan Colombia, financiado y diseñado por EE. UU. Nosotros no éramos bobos. Hoy parece que la clase dirigente quiere abrir la puerta para que entren a jugar nuevas fuerzas en el campo político. Si así no fuera, Santos no habría podido llegar donde está. Fue una actitud distinta desde el comienzo. Cuando llegó el primer mensaje del Presidente, su contenido y su forma nos parecieron distintas. El contexto también lo era. Hay fuerzas mundiales y regionales que son conscientes de que el mundo iba hacia el abismo y que por ese camino, nos destruiríamos todos. Han dicho que Santos ha negociado con nosotros el poder. Nada de eso. Él tiene sus objetivos y nosotros los nuestros. No le negamos réditos políticos a su proyecto, pero también sacaremos adelante el nuestro: llegar a la paz con fuerza política.
-¿Cuándo se dieron cuenta de que llegar a guindar hamaca en el capitolio no era posible?
-Nosotros nunca llegamos a la conclusión de renunciar a nuestros objetivos: Todo es susceptible de cambiar. La historia es muy compleja. ¿Quién iba a pensar el derrumbe de la URSS de un día para otro y sin disparar un tiro? Hay cosas que se salen de la voluntad de las partes. Nosotros estamos convencidos de la justeza de nuestra causa y lucharemos hasta el final. Yo le decía al presidente Chávez: Nos han golpeado: mataron a Raúl Reyes, asesinaron al Mono Jojoy con toneladas de bombas, ejecutaron a Alfonso, se nos murió Marulanda, pero seguimos vivos. El enemigo creyó que estábamos en las últimas y que si nos tiraban un salvavidas nos íbamos a prender de patas y manos. Pero nosotros sabíamos que en la mitad del río, lo iban a desinflar. No en vano llevamos tantos años conociéndolos. Hemos sido flexibles en la misma medida en que el Gobierno lo ha sido. Tenemos el deber histórico de entregar a las nuevas generaciones un país sin guerra. No seríamos leales con nuestra gente si somos inferiores a nuestro deber.
-¿Cuáles son las líneas rojas de las Farc?
-Las líneas rojas de ellos y de nosotros se han ido redefiniendo. Algún comandante dijo una vez que si no había reforma agraria no había acuerdo. Lo reconsideramos y llegamos a la conclusión de que lo que se requería era crear unas condiciones que nos hicieran posibles y seguras una forma de lucha por la reforma agraria integral sin tiros. Lo mismo sucede con el tema de la justicia. Duramos casi un año en un circulo vicioso sin dar un paso. Nos venían a decir: “Acepten la cárcel, será una cárcel distinta, sin barrotes, cómoda y hasta llegaron a decir: ustedes definen quienes son los máximos responsables. Dijimos: No se trata de eso. No se trata de un acuerdo en que una parte ejerza venganza sobre la otra. ¡No! Asumimos la responsabilidad que nos toque siempre y cuando sea basada en un acuerdo que a todos obligue.
-¿Cómo entienden lo del perdón?
-¿De qué y a quién pedimos perdón? No a nuestros enemigos, pero sí a las víctimas; no a las de un informe que anda diciendo que violamos mujeres de 4 a 70 años. Lo que más respetamos es a la mujery a la población civil. Está en el reglamento. En la guerrilla se establecen parejas y se sabe que los conflictos entre parejas no se resuelven a puños, eso lo sancionamos con toda severidad.
No vamos a pedir perdón a víctimas creadas artificialmente. Hemos bregado para que el acuerdo se construya conjuntamente. Al tribunal no vamos a ir a acusar, no somos fiscales de la causa. El Estado tiene una Fiscalía que tiene ese deber y ese derecho, como también lo tienen las víctimas. Estamos dispuestos a asumir las responsabilidades que se deduzcan del tribunal. Si hay compañeros que salen acusados, asumirán su culpa.
-¿Los guerrilleros rasos piensan como los comandantes?
-El mensaje que quiero transmitir es de esperanza. Me llegan mensajes de la guerrillerada que aplauden los avances y acuerdos. No metamos ruidos innecesarios. La guerra hace demasiado ruido para aumentarlo. Nuestros mandos no han hecho operativos para matar civiles y jugar fútbol con sus cabezas, como los paramilitares. Pero también hay que decir que actuamos en una dinámica de guerra, que es justamente lo que se trata de acabar. Nosotros formamos ideológicamente a la guerrillerada para no ser vengativa, ni dar vía libre a la rabia que sienten por el asesinato de sus familias. No somos terroristas. Jamás podría aceptar que me acusen de terrorista. Nunca hemos tratado de que nos sigan a punta de terror. Se inculca el respeto por la vida humana, pero somos humanos. Andar con un fusil en la mano y una escarapela de las Farc en el brazo da mucho poder. Nuestra lucha diaria es la de elevar el nivel de conciencia política, que es lo único que puede frenar los abusos de la fuerza. Un hombre armado y sin nada en la cabeza, decía Jacobo, es sumamente peligroso. Hay errores, lo aceptamos, pero nunca hemos hecho guerra sucia. Nos han matado familiares para doblegarnos y no sólo no han podido, sino que nosotros no hemos recurrido al mismo sistema de pelear. Una vez Fidel Castaño nos dijo: la mejor manera de acabar la guerra es echarles mano a familiares de los generales. Le contestamos: Nooo, ese es su método, no el nuestro.
-¿Y los secuestros?
-Las retenciones económicas no están en el acuerdo del 23 de septiembre. Es un tema difícil y complejo, que no queremos tratar a través de los medios. Jacobo era partidario de revaluar esa política económica. Fue una herramienta para sacar adelante nuestro proyecto político. El escenario jurídico esta creado.
-Hablemos de la no repetición
-Si no trabajamos este punto, no hemos hecho nada. Pero ese es el fin en que estamos comprometidos. La no repetición no se logrará metiendo a la cárcel a los máximos ni a los mínimos responsables. Si hubiéramos creído que ese era el objetivo del proceso, no le habríamos jalado. Siempre tuvimos la percepción de llegar a la no repetición por un camino distinto al punitivo.
-¿Cómo se dio el paso para fijar una fecha definida?
-Yo soy consciente de que poner una fecha es un peligro. Se puede desbaratar todo. Nosotros aceptamos porque él ha dado muestras de consecuencia en momentos muy duros. El 23 de septiembre parecía venir por las armas, pero se dio cuenta de que eso nos habría autorizado a pedir lo mismo. Quizá supimos todos ponernos en los zapatos del otro. Fue muy difícil –más para el presidente que para nosotros– cuando me dijo: Hay que ponerle fecha, porque si no ¿a qué vine? Si no vuelvo con algo, esto se derrumba. Aceptamos porque creímos, y creemos, en la voluntad política del Gobierno. Si dentro de seis meses faltan cosas por resolver, le buscamos la comba al palo. La gente es comprensiva si nos ve trabajando con disposición. Hay que ir creando esa confianza entre ambas partes.
-¿Cómo reparar?
-El tribunal debe definir como hacerlo. Nosotros hemos reconstruido pueblos donde nos ha tocado combatir. No nos sentimos humillados, ni disminuidos ni castigados por ayudar a reconstruir lo destruido en la guerra. Lo hemos hecho sin publicidad.
-¿Y la restricción de la libertad como se entiende?
-¿De qué se trata esa limitación? ¿De no poder ir a visitar a la mamá? ¿De no poder ir a tomarnos una cerveza? El penalista mas respetado de Italia, dijo: “La cárcel nunca ha resuelto nada”. Si me dicen que pagando cárcel se arregla una pelea que comenzó cuando yo no había nacido, pues listo, me voy a pagar cana. Pero así, ¿cuántas sillas vacías quedarían? No se trata de ponernos uno al otro de rodillas. Esa no es la paz. Por ese lado nunca habría acuerdo.
Miremos como se inició esta guerra. Y no vamos tan atrás. ¿Cómo fue el ataque a Casa Verde en el 90 para impedir que participáramos en la Constituyente? ¿Para qué sirvió? ¿Cuántos millones de dólares costó y cuántas vidas de los nuestros y del Ejército ese embeleco de querer acabar la guerra en 18 meses como prometió el ministro de Defensa de entonces? Se perdió una oportunidad histórica contada en muertos. Así no se hacen acuerdos. Cuando le dijeron al ministro que ya habían pasado los 18 meses, respondió: Sí, pero los tengo durmiendo en el suelo. Nos dio risa: nosotros siempre hemos dormido en el suelo, doctor Pardo.
-¿Cómo entender la dejación de armas?
-El acuerdo sobre justicia ahí está. Eso da tranquilidad, hay que desarmar los espíritus, como se dice. Si lo logramos, las armas quedan inservibles así se tengan cerquita. La comisión con los militares trabaja en eso. Marulanda siempre pidió que los militares estuvieran en la mesa. Por eso nos dio tanta seguridad que el general Mora estuviera. Sabemos quién es él y qué poder tiene. Su presencia fue una señal de voluntad de parte del Estado y nos ha convencido su actuación en ella. Esa subcomisión ha trabajado con honradez. En el tema de cese al fuego comenzamos a una distancia de años luz y hemos ido acercando posiciones. Hacerlo público agrandaría las distancias. Por ahí se dicen bobadas de fundir las armas, enterrarlas en un hueco.
Hay que esperar. ¿Pero usted se imagina un buen anuncio en Navidad o en Año nuevo, cuando la gente está contenta? Puede que ese día, le dije al presidente, sea el día más feliz para todos.
-¿Se trata del anuncio de cese el fuego para el 24 de diciembre?
-No, eso le dije al presidente. Dejemos que eso se cocine donde se está cocinando.
-¿El acuerdo sobre justicia salió ya del horno?
-El doctor De la Calle lo firmó y al lado puso “en desarrollo”. ¿Cómo así que frente al escenario que el país vio el 23 de septiembre quedaron espacios en blanco para ser llenados después? Si a lo que firmamos se le cambia una coma, es una pedrada en la vitrina. El presidente le mandó el acuerdo a Moreno Ocampo, un jurista consumado y no un miembro de las Farc. ¿Qué dijo ese señor que ha sido fiscal de la Corte Penal? Dijo: Es una obra maestra.
Hay un antecedente muy significativo. Llevábamos casi un año dándole vuelta a la bolita y de golpe nos volvieron a salir con el cuento de que teníamos que ir a la cárcel. ¿Cómo así? ¿Perdimos el año? Entonces vino Enrique, el hermano del presidente, y conversamos con él. Acababa de pasar la muerte de esos 20 soldados en Cauca. Conversamos y llegamos a una conclusión: ¿Por qué no se nombra una comisión de expertos para encontrar una solución? Dijimos sí, perfecto, pero con una sola condición, sin vetos. Enrique se rio y preguntó: ¿El de Álvaro Leyva? Le dije: Yo no estaba pensando en nombres sino en tiempos. No podemos seguir otro año dándole vueltas a la noria. Enrique se fue y a la hora volvió a decirnos: El presidente está de acuerdo. Tenemos que avanzar. Hay que resolver las cosas y no aplazarlas. Todos tenemos temores, pero eso no puede detenernos. Aquí donde estamos sentados hoy hablé con el presidente y le dije mirándonos la cara: No tenemos cartas marcadas, estamos dispuestos a un arreglo, pero no a un sometimiento. Quedó claro. De ahí salimos a la ceremonia pública.
-Una gran dificultad: los paramilitares
-En este mismo sitio le dije al presidente: El problema más delicado es el del paramilitarismo y no es el tema de los paras que hay en Chocó sino en el de la cultura del paramilitarismo en la vida política colombiana. Debe haber voluntad de hacerlo y de pagar el precio. Hay una cultura que incentiva ese fenómeno, ese método de hacer política. El Estado colombiano tiene que revaluar esa forma de hacer política. Muy importante que el Estado asuma la responsabilidad en la masacre de la Unión Patriótica. Sería un mensaje que nos impulsaría a sacar adelante más rápido lo que nos proponemos. El presidente entiende este asunto. No podemos salir de ahora en delante de la mesa cada cual por su lado a declarar una u otra cosa. Debe haber un vocero de la mesa que le cuente al país lo que se ha ido haciendo. El Gobierno dice que bueno, que le parece muy bien y puntos suspensivos…
-¿Qué papel jugaría EE. UU.en la liquidación del paramilitarismo?
-Nos llenó de optimismo el nombramiento del delegado de EE. UU. que dejó claro que su gobierno es aliado del gobierno colombiano. Eso significa un compromiso. Si EE.UU. liquida, de una vez por todas, la doctrina de la Seguridad Nacional, la paz en el mundo habrá dado un gran salto. La garantía de sacar este proceso al otro lado está en primer lugar en manos del pueblo colombiano. Pero también en la comunidad internacional, Celac, Unasur, Naciones Unidas, la Comunidad Europea.
-¿Cómo será la creación del partido futuro?
-No vamos a desmovilizarnos –como quieren y dicen que debemos hacer–, sino a movilizarnos. Yo le adelanto una cosa: Estamos elaborando una nueva figura: Territorios de Paz y Reconciliación. Le hemos dicho al presidente: Necesitamos un presidente fuerte que garantice el cumplimiento de los acuerdos; queremos firmar con usted y desarrollar los acuerdos con usted. Un presidente que nos garantice la implementación de los acuerdos.
-¿Cómo refrendar los acuerdos?
-Es un tema que no se ha discutido, se trabajará. La posición de nosotros –o nuestra ilusión– es que se refrenden en una Asamblea Constituyente. Podríamos pensar en otra subcomisión para estudiar ese tema.
-¿Uribe es necesario en la reconciliación?
-No excluimos a nadie.
-¿Recibirían a Uribe?
-¿Por qué no? A nadie le cerramos la puerta. Como Rodrigo Londoño Echeverri, le digo: Doctor Uribe, no pierda esta oportunidad de reconciliación.
-¿Timochenko, candidato?
-Yo asumo la comandancia de nuestras fuerzas por mandato de las Farc. Si mañana me dicen asuma la candidatura, obedezco; si me dicen váyase para el Amazonas a ayudarle a Patarroyo en sus investigaciones, allá me voy. Nosotros somos un cuerpo colectivo. Me mandaron a dar una entrevista y lo hice muerto de miedo frente a un montón de cámaras
lunes, 5 de octubre de 2015
miércoles, 30 de septiembre de 2015
Proceso de paz, lucha de clases y las batallas del posconflicto
La firma de un acuerdo en materia de víctimas en las negociaciones de paz [1], sellado con un simbólico apretón de manos entre el comandante máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, y el presidente Juan Manuel Santos ha dado mucho que hablar y ha llenado de esperanza a amplios sectores en torno al avance del proceso de paz adelantado con los insurgentes en La Habana. Es entendible el entusiasmo de no pocos sectores sociales que ven -¡al fin!- un gesto inequívoco de avance en unas negociaciones que, cíclicamente y en medio del secretismo, parecen estancarse. Hasta se le ha puesto una fecha tentativa, acordada por ambas partes, para la firma de un acuerdo definitivo: el 23 de Marzo. Y se ha dicho que dos meses después, es decir, a finales de Mayo, tendría que estar concluyendo el proceso de dejación de armas por parte de los guerrilleros de las FARC-EP. Este avance, que ocurre a un mes de las elecciones regionales, no está, desde luego, exento de los ritmos y cálculos de la política.
¿Presidente de la paz?
En medio del entusiasmo, se vuelve a hablar del “presidente de la paz”, de Santos posicionado como el hombre que pasará a la historia como el artífice de la paz, rumbo al Nóbel, etc. [2] Estas afirmaciones, entendibles en este enguayabamiento generalizado, pasan por alto quehistóricamente los únicos y grandes responsables del conflicto que se vive en Colombia son aquellas clases dirigentes representadas en la figura de Santos. Como lo decía con pluma magistral William Ospina, sorprende que “la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan” [3]. No podemos, desde la izquierda, ayudar a absolverlos ante la historia.
Pero también estas expresiones pasan por alto la complejidad del momento que se vive y que han llevado a este actual proceso. El Miércoles 23 detuvieron a siete estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja; continúa el asesinato sistemático y los hostigamiento a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, como lo indica el más reciente informe del Programa Somos Defensores [4]; la acción del Ejército y de paramilitares deja muertos en estas semanas en San José de Apartadó, Araracuara y Pradera, por nombrar solamente algunas localidades; las acciones del gobierno no van de la mano en absoluto con lo que se viene acordando en La Habana hasta el momento, y es más, toda su agenda legislativa va a contravía de lo acordado, profundizando la impunidad mediante el Fuero Militar y empujando el despojo mediante las ZIDRES, la profundización de los megaproyectos y hasta utilizando la ley de víctimas como nuevo mecanismo de despojo en el Yarí y Planadas, Tolima [5]; por último, el gobierno ha irrespetado todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con el pueblo movilizado, fundamentalmente con los campesinos, lo que llevó, a comienzos de Septiembre, a una nueva jornada de movilización, que incluyó la toma del Ministerio de Agricultura. Es decir, aun cuando haya sobradas razones para el optimismo respeto a las negociaciones, en el terreno, la realidad se ve mucho más difícil para el pueblo y los cálculos alegres son más fruto de un excesivo optimismo que de un análisis riguroso de la realidad.
Aun cuando firme la paz, no se puede tildar a Santos como un “presidente de la paz”, cuando ha sido el represor de los paros agrarios, el ministro de los falsos positivos, el de los bombardeos a miembros de la delegación de paz de la insurgencia y el asesino de Alfonso Cano cuando estaba comenzando el proceso de negociación. Santos cuenta varios muertos del pueblo en su portafolio y un reconocimiento sobrio de su rol en las negociaciones, no puede convertirse en una euforia en la cual todos estos cadáveres deban ser barridos bajo la alfombra. Pero lo más grave de esta afirmación, es que quita el justo reconocimiento al pueblo colombiano que es quien en última instancia forzó el escenario que llevó a Santos a negociar. Santos no ganó las elecciones para negociar, sino que para continuar las políticas de Uribe Vélez, y fue el enrome contexto de movilización popular en ascenso entre el 2008 y el 2012, lo que finalmente forzó el escenario de negociaciones. Este proceso es una conquista de los de abajo, no una concesión gratuita de los de arriba. Desconocer este hecho, o minimizarlo para exaltar la figura del estadista, que es la tentación en la que ha caído parte de la izquierda, es entregarle las llaves de la paz en bandeja de plata a Santos, y con ella, entregarle la iniciativa política [6].
La relatividad de lo ganado
Lo ganado, con este acuerdo, no es menor. Principalmente, en materia de justicia, siendo derrotadas las tesis uribistas que repiten monotemáticamente “cárcel y más cárcel”, “impunidad”, y todo ese corillo indigestible, particularmente viniendo de boca de uno de los principales promotores de la cultura de la impunidad en las últimas décadas. En lugar de esta visión, se ha impuesto una visión de justicia que pone la reparación como eje de su quehacer. Una justicia que, sin llegar a ser transformadora, no es punitiva. Esto lo explica de manera clara un comunicado del CPDH,
“Este acuerdo de justicia creará una jurisdicción especial para la paz, en la que se constituirá un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia.
Es de resaltar la propuesta de justicia restaurativa que se ha concretado, que busca la reconciliación de la sociedad colombiana. Este acuerdo reconoce el delito político y la juridicidad guerrillera que se apoya en una respuesta contra un orden social injusto. Este modelo de justicia reencuentra a la sociedad colombiana con la idea de la paz, con justicia social, y va de la mano de la comisión de la verdad. ” [7]
Esta jurisdicción especial será aplicable a todos los “actores” del conflicto, incluida la Fuerza Pública, aunque queda ver cómo se compatibilizará esta jurisdicción con el Fuero Militar con el cual los uniformados gozan de virtual impunidad. Uribe se escandaliza que los miembros de la Fuerza Pública sean equiparados a los “terroristas”, cuando en realidad, esto ha sido un golazo del gobierno y una generosa concesión por parte de los insurgentes. Uribe está en lo correcto: los guerrilleros no pueden ser equiparados a la Fuerza Pública, pero no por las razones dadas por él. No lo son, porque los insurgentes han estado en rebelión por más de medio siglo y los actos delictuales que han cometido, han sido cometidos en el desconocimiento de la legitimidad del marco legal vigente y de la rebelión en contra del Estado. Debido a esto, en un acuerdo de paz, es evidente que deba haber un tratamiento especial a estos actos. Por su parte, los actos violatorios por parte de miembros de la Fuerza Pública no fueron hechos ni en rebelión ni en el rechazo al marco constitucional vigente; por el contrario, fueron cometidos en circunstancias que la Fuerza Pública debía, no solamente actuar en el marco constitucional, sino que además, debía ser el garante último del respeto a la legalidad. Las fuerzas del Estado, en teoría, tienen el deber de proteger a la comunidad, no de desplazarla, asesinarla, desaparecerla, torturarla y violarla. Por eso sus acciones son particularmente graves –este argumento, ha sido debidamente señalado por el MOVICE en un reciente comunicado, en donde expresan sus preocupaciones de que el Estado pase sus crímenes de agache [8].
Puesto en esta perspectiva, quienes más se beneficiarán de este acuerdo en materia de justicia, a diferencia de lo que afirma histéricamente Uribe, serán el Ejército y la Policía, así como los sostenes civiles de la guerra sucia, que agazapados en los gremios financiaron y estimularon el paramilitarismo sin haber ellos puesto una sola gota de sangre.
Pero subsisten algunas inquietudes respecto a la forma que adoptará esta jurisdicción especial según lo plantea el abogado Carlos Ruiz, quien ha participado en estos debates en el marco del proceso de paz. Inquietudes aún más legítimas cuando se tiene en consideración la naturaleza faltona y mentirosa de la oligarquía colombiana.
“Para una organización concebida como revolucionaria, no es lo mismo someterse a tribunales de hoy o a jueces futuros, por definición ajenos, que pueden reproducir la matriz que se quiso superar, y no se pudo, máxime cuando no se ha reconocido la complejidad del delito político y sus conexidades, ni se han aplicado amnistías generales e indultos incondicionales, mientras su contraparte, el Estado colombiano, puede someterse a cuantos compromisos de derechos humanos sean necesarios suscribir, sin cumplir la inmensa mayoría de ellos: ostenta la calidad hegemónica generada en la simbiosis exitosa de un Estado que es democrático en el papel, cuando simultáneamente en estos cincuenta años de guerra ha consumado estrategias sucias, de un verdadero genocidio político y un holocausto social.
(…) Haciendo tránsito las FARC-EP a la legalidad, no hay básicas garantías de no repetición por su adversario, no hay depuración del Estado, ni reformas que aseguren que nunca más se incurrirá en la barbarie, con la que se saluda hoy la esperanza en este cruce de caminos. Y quizá hubiera sido deseable atar esto primero, antes que aceptar someterse a unos procedimientos que pueden cargar sólo hacia un lado. (…) Pues mientras una parte de la guerrilla acoge la posibilidad de ir en calidad de victimaria ante tribunales, y se presta a dejar las armas, sin que se le haya reconocido previamente y en hechos jurídicos amnistías e indultos, con una necesaria nueva legislación sobre las conexidades del delito político, mientras emprende ese camino sumamente arriesgado, el Estado continúa persiguiendo e infligiendo dolor injusto a miles de seres resistentes. Ha firmado hoy, sin dar garantías de remover sus instrumentos criminales.” [9]
¿Superado el punto más difícil de la negociación?
No es verdad, como afirmaron los medios de comunicación, que, con un acuerdo en el punto de justicia, el tema más espinoso se haya resuelto. Quizás sea mostrado de esta manera por el establecimiento por las razones dadas por Ospina en su citada columna: “Esta semana Juan Manuel Santos ha conseguido mostrarle al mundo, con gran cubrimiento mediático, que el acuerdo sobre justicia transicional al que ha llegado con las Farc es el punto clave de los diálogos de La Habana, quizá porque es el punto en el que las Farc parecen admitir que son las responsables de la guerra de estas cinco décadas”, aunque, en realidad, los únicos grandes responsables sean esta oligarquía indolente que de esta manera logra diluir su responsabilidad por este desangre eterno [10].
Pero no es el tema más complejo. Queda aún el tema de la dejación de armas, el cual no es menor dado a que un sector importante de la oligarquía quiere ver la entrega de armas como un acto de humillación y de conquista simbólica de la insurgencia campesina. Los guerrilleros farianos, por su parte, han insistido en varias entrevistas que ese escenario no se dará y que optarán por la dejación de armas. Quedaron también en el congelador dos temas del punto sobre la cuestión agraria que son, de hecho, los más espinosos: el tema de los límites a la concentración de tierras, es decir, la cuestión del latifundismo, y el tema de los límites a la extranjerización de tierras, otro tema clave en la lucha contra las locomotoras minero-enérgeticas y agro-industriales. En ambos puntos el gobierno es inflexible, y ambos puntos, desde el punto de vista de la ideología fariana, deben ser necesariamente abordados. Son temas irrenunciables inscritos en el ADN del movimiento guerrillero.
Aún quedan esos temas y será muy difícil destrabarlos, más aún cuando vemos que todas las medidas que está tomando el gobierno van en contravía de una resolución medianamente favorable para los sectores campesinos y populares. La oligarquía, que ya ha comenzado una ofensiva generalizada por la explotación de los territorios, se está aprestando para que la paz le abra de par en par, sin ninguna clase de restricciones, los territorios para sus inversiones; de alguna manera, en el presente, la insurgencia ha sido un cierto límite a la expansión del gran Capital hacia las zonas rurales de economía campesina. Ya están comenzando a estallar conflictos en todo el país debido a esta presión sobre la tierra que están viviendo las comunidades en los territorios. Es probable que la mesa de negociaciones no pueda destrabar estos temas, sin una fuerte presión popular. El movimiento popular no puede ser un espectador en este punto y ver qué se decide por arriba, cruzados de brazos. La movilización, la lucha, la organización y la presión creciente es, por esto mismo, mucho más importante en esta fase de la negociación que nunca.Solamente así se podrá alcanzar un acuerdo que, al menos en parte, recoja las demandas de la mesa de unidad agraria, étnica y popular.
Y la cosa no acaba ahí. Tampoco se ha abordado el tema de refrendación de los acuerdos, que incluye la propuesta insurgente –a la cual se ha opuesto el gobierno- de realizar una asamblea constituyente, la cual tiene sus propias complicaciones. Nada indica que una asamblea constituyente, de llegarse a dar, produzca una constitución necesariamente más progresista y más proclive a los intereses populares que la que ya hay. No es casual que sean los uribistas quienes también están agitando la demanda de una constituyente, por lo que su incierta realización implica una aguda lucha política en condiciones desfavorables con los sectores oligárquicos que se han dedicado desde 1991 a cambiar la correlación de fuerzas que sustentó el compromiso constitucional de ese entonces, aún más a su favor. Esto, sin entrar todavía en la fase de implementación, que promete ser aún más difícil que la negociación de un acuerdo. Con esto, no quiero decir que haya que desanimarse ante las enormes tareas que tiene por delante el campo popular, sino sencillamente evitar falsos triunfalismos, evitar dormirse en los laureles, evitar caer en la inercia a la que lleva un excesivo optimismo, confiándose demasiado del desenvolvimiento del proceso como si los dados ya estuvieran echados a favor del pueblo, porque no lo están (aún).
Y no olvidemos tampoco que el proceso con el ELN aún no arranca formalmente, aunque se lleven años de discusiones en secreto. Aunque el comandante eleno, Gabino, ha insistido en que existe una buena comunicación con las FARC-EP y que ellos entienden el proceso como un solo, entendiendo la negociación de los elenos como complementaria a la que se lleva adelante con las FARC-EP [11], lo cierto es que esta es una negociación que, necesariamente, tendrá sus propios ritmos. La oligarquía puede estar preparando un escenario en el cual aceleren las negociaciones con las FARC-EP como manera de aislar al ELN, que tiene sus propias demandas, muy fuertes por ejemplo en el tema de recursos naturales y del sector minero-energético, claves para la actual estrategia de acumulación capitalista. Tampoco el EPL está en las negociaciones, una fuerza formidable en una de las regiones más complejas del país, como es el Catatumbo, y el gobierno de Santos no parece tener la voluntad de sentarse en la mesa con ellos. La ausencia de un acuerdo sustancial con estos sectores puede llevar a un nuevo ciclo de conflicto armado.
¿Irreversibilidad del proceso? Los ritmos de la lucha de clases
El proceso no es irreversible. Debido a la fórmula de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en cualquier momento la oligarquía puede patear la mesa. Es cierto que, con todo lo que se ha avanzado hasta el momento, el costo político para Santos de patear la mesa en estos momentos sería más alto, muchísimo más alto, que hace seis meses. Sin embargo, el bloque dominante en todo momento estará calculando, y calculará hasta el mismísimo final, cuál es la alternativa más conveniente para ellos como clase, si seguir el curso de la guerra sucia o si firmar un acuerdo de paz que les permita continuar siendo la fuerza hegemónica con algunas concesiones, más o menos importantes según sea la fuerza popular que enfrenten.
Pero nada en la lucha de clases es irreversible. No existen ni derrotas, ni triunfos absolutos, menos aún para el bloque dominante que en todo momento está presto a recomponer su hegemonía. Y digo “bloque dominante” porque, pese a quienes ven en el gesto del apretón de manos un gesto entre iguales, esto solamente es así –y en un sentido muy relativo- en el plano militar. En el plano político y en el plano de la lucha de clases que lo sustenta, está claro que la oligarquía colombiana sigue siendo el bloque dominante y que esto no será puesto en cuestión ni por las negociaciones ni por el eventual acuerdo. Se puede decir que esta no será una paz “de vencedores ni vencidos” en el plano de lo estrictamente militar, pero lo cierto es que, en el terreno concreto de la lucha de clases, la oligarquía mantiene su hegemonía, su control y la iniciativa. Es verdad que el actual contexto político y el ascenso de la lucha de clases desde el 2008 en adelante han erosionado esta hegemonía absoluta. Pero aunque vapuleada y desgastada, la oligarquía sigue manteniendo firmes las riendas del poder y no se avizora que las suelte en el corto o en el mediano plazo. Este análisis no significa que esa correlación de fuerzas no pueda ser cambiada: puede y debe ser modificada. Pero eso es parte de un proceso más largo en el cual mucho tienen que aportar las experiencias de construcción de poder popular y de autonomía que se han venido desarrollando en distintas partes del territorio de hace décadas. Para poder comenzar ese proceso, lo principal es evitar triunfalismos infundados desde la izquierda, enguayabarse con la foto del apretón de manos y marearse confundiendo el significado preciso del actual momento histórico.
Existe una tendencia a suspender el análisis de la lucha de clases cuando se habla del tema de paz, quizás por la hegemonía que el liberalismo ha mantenido por décadas en el seno de la izquierda. Se divide el campo político entre “partidarios” y “enemigos” de la paz, obviando que por paz se están entendiendo proyectos sociales (de clase) muy diferentes, por parte de distintos actores. Hace unas semanas Santos era el que no cumplía acuerdos, que le fallaba a los campesinos, y ahora, gracias a un gesto político bien calculado (pero no por ello menos significativo) se ha convertido nuevamente en el presidente de la paz, y habrá quien hasta considere en serio la propuesta de ciertos sectores de la izquierda liberal de proponer a Humberto de la Calle como candidato de “unidad” para el posconflicto en las elecciones del 2018 –dando así nuevos bríos a esa oligarquía moribunda. Estos súbitos cambios de opinión en ciertos sectores de izquierda reflejan un análisis cortoplacista, coyunturalista, que no se asienta en una comprensión clasista de la realidad, sino en un análisis voluntarista y superestructural. Es verdad que un acuerdo de paz de ninguna manera soluciona el problema de la lucha de clases en Colombia; tampoco la firma de la paz elimina la necesidad de buscar la construcción de una sociedad socialista y libertaria. Pero la manera en que el pueblo enfrente la coyuntura, en que los sectores organizados analicen sus tareas políticas del momento y decidan un curso de acción para este momento tiene un impacto decisivo en el curso de la lucha de clases en el futuro inmediato y mediato. En pocas palabras, dependiendo de cómo se asuma el proceso de paz y su lugar en una estrategia revolucionaria a largo plazo, es que los sectores populares pueden salir fortalecidos del proceso de paz, en su lucha por una nueva sociedad, o pueden salir debilitados, cooptados, desmoralizados y metidos en una camisa de fuerzas –de la mano del liberalismo- como socio menor del bloque dominante para garantizar la gobernabilidad oligárquica, con fachada democrática. Retomar el análisis clasista es un primer paso para poder rearticular un proyecto propio de los sectores populares y de armarse políticamente para las luchas que se vienen.
Conflicto social, Acuerdo de Paz y las luchas que se vienen
Es sabido, como hemos dicho, que la firma de un acuerdo de paz no significa el fin de la lucha de clases, ni el fin del capitalismo, ni mucho menos, el fin de las contradicciones sociales. Esta afirmación, no por ser de perogrullo, es menos necesario machacarla en el actual contexto. El tema es, como también decíamos, qué tendencias se van a reforzar con la firma de la paz: si una tendencia a la desmovilización popular, tendencia que objetivamente reforzará a la derecha, o una tendencia a avanzar en las luchas y la organización populares, tendencia que, objetivamente reforzaría las fuerzas de izquierda. Santos, como representante de la oligarquía, ve la opción de paz o guerra en función de los intereses de su bloque dominante. Pensar que un representante de la oligarquía va a realizar las labores que solamente las fuerzas populares pueden realizar, es una peligrosa ilusión.
Razones totalmente distintas llevan al movimiento popular, a la insurgencia y a Santos (así como a los sectores oligárquicos nacionales e internacionales que lo sustentan) a buscar la paz. Mientras que el pueblo busca la paz con justicia social, para poder avanzar en la consolidación de los derechos más básicos, represados por una política feroz de represión centenaria, los sectores del bloque dominante buscan la paz, naturalmente, para avanzar en sus propios intereses, es decir, para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria popular. Esta contradicción no se definirá de manera puramente superestructural, ni en base a ningún sofisma jurídico, ni en base a ningún acuerdo de paz.Esta contradicción se definirá en el terreno concreto de la lucha de clases, y la clase que logre imponerse mediante su capacidad organizativa y su fuerza, será la que incline la balanza a su favor. Como decíamos, la oligarquía lleva la delantera y son ellos los que están, en estos momentos, en mejores condiciones de imponer su proyecto de paz para las inversiones multinacionales y para profundizar la acumulación por despojo –proyecto que no puede sino exacerbar los conflictos sociales.
Una de las primeras que salió a opinar después del apretón de manos de Timoleón Jiménez y de Juan Manuel Santos, fue la estridente ultra-derechista Salud Hernández en su columna de El Mundo. En ella, la periodista española afirma que “la firma de un proceso de paz con las Farc, Juan Manuel Santos augura un imponente flujo de inversiones nacionales y foráneas hacia su país (…)sin la amenaza de las Farc en buena parte del territorio colombiano, gracias a la política de seguridad que emprendió Álvaro Uribe, de cuyo gobierno Santos fue ministro de Defensa, y sin la presencia de los paramilitares, que se desmovilizaron entre el 2005 y el 2006, Colombia pasó de estado fallido a uno de las naciones de moda en el planeta para hacer negocios” [12].
En la misma nota, Hernández plantea la apuesta europea por la paz como la apertura de los territorios a la explotación por parte de los grandes inversionistas internacionales sin ninguna clase de contrapeso:
“El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, sellado en el 2013, también contribuyó a que muchos empresarios del Viejo Continente volvieran sus ojos hacia la nación sudamericana. En el 2014 la inversión española alcanzó los 2.154 millones de dólares, un crecimiento del 126% sobre el año anterior, convirtiéndose en el tercer principal inversor (…) Hace unos días el Presidente Santos recibió a una amplia delegación de empresarios españoles, entre los que estaban presidentes de compañías grandes como Sacyr, Gas Natural, Fenosa, Mapfre y Repsol, entre otras. Y todos manifestaron su vivo interés por hacer negocios. Es indudable que saber que las Farc no representarán un peligro para sus intereses a partir del pacto que propiciará que la banda terrorista deje las armas, supone un aliciente.”
Sabemos que el pueblo no se cruzará de brazos a ver cómo le dejan el hueco donde había monte. Aunque un sector se sienta tentado a pensar que nada puede frenar el avance de las locomotoras y de esta visión dominante de la paz como una extensión de la perversa política uribista-santista de la “seguridad inversionista”, lo cierto es que todo depende de cómo el pueblo articule la lucha por la paz (con justicia social) con la lucha en contra del modelo social del despojo. El resultado de estas negociaciones no está escrito en las estrellas y pueden servir para fortalecer o para debilitar al movimiento popular, pero esto dependerá del propio movimiento popular, de su capacidad de articularse y de superar la espontaneidad pura. Lo que pase, dependerá de la fuerza y la resistencia que el pueblo oponga a esta ofensiva que se viene del gran Capital, si se materializa este escenario de paz neoliberal y de la paz del despojo, o si se logra frenar esta arremetida. La última palabra la tienen las organizaciones populares.
Se requiere de una mirada sobria sobre el proceso de paz y su eventual terminación en un acuerdo de paz –cuya implementación, sabemos, será, en el mejor de los casos, extraordinariamente difícil. No podemos hacernos falsas ilusiones que con la firma de un acuerdo de paz se acaban los problemas sociales o se habrá conseguido lo más importante, más aún si se impone la paz “minimalista” de Santos. Como lo señala el mismo Ospina, “Una paz sin enormes cambios sociales, sin proyecto urbano, sin una estrategia económica generosa, sin un proyecto ambicioso de juventudes, podrá ser una buena campaña de comunicación, pero no llegará al corazón de millones de personas que necesitan ser parte de ella”[13] . Aún estamos a tiempo de empujar una paz con mayores concesiones para el pueblo, una paz que profundice los componentes de justicia social, pero eso no ocurrirá espontáneamente.
Sea como sea, la firma de un acuerdo de paz, eventualmente, debería ser el comienzo de un nuevo proceso de luchas sociales en donde –si las cosas salen como deberían, algo altamente improbable- la oligarquía debería, en teoría, renunciar a la guerra sucia contra el pueblo. Pero sabemos –y esto lo sabe la comunidad internacional y los burócratas de la resolución de conflictos y construcción de paz- que el gobierno no cumplirá los acuerdos, mentirá y mantendrá niveles importantes de represión, que serán descritos como niveles “aceptables” por los socios en EEUU y la UE, que tienen demasiados intereses estratégicos en Colombia como para montar una alharaca por unos cuantos campesinos masacrados. No hay que caer en esa infantil ilusión burguesa de que con el fin del conflicto armado se le acabará a la oligarquía la “excusa” para criminalizar al movimiento popular y para reprimir. Como lo dijo el revolucionario guineano Amílcar Cabral, bajo las condiciones del capitalismo, toda lucha es armada: sólo que a veces el pueblo tiene armas y a veces no. Pero el Estado siempre las tiene y siempre las utiliza contra el pueblo cuando ve sus intereses estratégicos amenazados. La fuerza organizada del pueblo es la única barrera objetiva que tendrá esa violencia de clase. Hay que esta advertidos y preparados para los conflictos del posconflicto.
Notas
[1] http://caracol.com.co/radio/
[2] Ver, por ejemplo, http://prensarural.org/spip/
[3] http://www.elespectador.com/
[4] http://somosdefensores.org/
[5] Sobre este último punto ver http://anarkismo.net/article/
[6] Sobre el particular, ver dos artículos anteriores, escritos en el contexto de la re-elección de Santos http://anarkismo.net/article/
[7] http://www.rebelion.org/
[8] http://prensarural.org/spip/
[9] http://www.rebelion.org/
[10] http://www.elespectador.com/
[11] http://www.rebelion.org/
[12] http://www.elmundo.es/
[13] http://www.elespectador.com/
¿Presidente de la paz?
En medio del entusiasmo, se vuelve a hablar del “presidente de la paz”, de Santos posicionado como el hombre que pasará a la historia como el artífice de la paz, rumbo al Nóbel, etc. [2] Estas afirmaciones, entendibles en este enguayabamiento generalizado, pasan por alto quehistóricamente los únicos y grandes responsables del conflicto que se vive en Colombia son aquellas clases dirigentes representadas en la figura de Santos. Como lo decía con pluma magistral William Ospina, sorprende que “la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan” [3]. No podemos, desde la izquierda, ayudar a absolverlos ante la historia.
Pero también estas expresiones pasan por alto la complejidad del momento que se vive y que han llevado a este actual proceso. El Miércoles 23 detuvieron a siete estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja; continúa el asesinato sistemático y los hostigamiento a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, como lo indica el más reciente informe del Programa Somos Defensores [4]; la acción del Ejército y de paramilitares deja muertos en estas semanas en San José de Apartadó, Araracuara y Pradera, por nombrar solamente algunas localidades; las acciones del gobierno no van de la mano en absoluto con lo que se viene acordando en La Habana hasta el momento, y es más, toda su agenda legislativa va a contravía de lo acordado, profundizando la impunidad mediante el Fuero Militar y empujando el despojo mediante las ZIDRES, la profundización de los megaproyectos y hasta utilizando la ley de víctimas como nuevo mecanismo de despojo en el Yarí y Planadas, Tolima [5]; por último, el gobierno ha irrespetado todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con el pueblo movilizado, fundamentalmente con los campesinos, lo que llevó, a comienzos de Septiembre, a una nueva jornada de movilización, que incluyó la toma del Ministerio de Agricultura. Es decir, aun cuando haya sobradas razones para el optimismo respeto a las negociaciones, en el terreno, la realidad se ve mucho más difícil para el pueblo y los cálculos alegres son más fruto de un excesivo optimismo que de un análisis riguroso de la realidad.
Aun cuando firme la paz, no se puede tildar a Santos como un “presidente de la paz”, cuando ha sido el represor de los paros agrarios, el ministro de los falsos positivos, el de los bombardeos a miembros de la delegación de paz de la insurgencia y el asesino de Alfonso Cano cuando estaba comenzando el proceso de negociación. Santos cuenta varios muertos del pueblo en su portafolio y un reconocimiento sobrio de su rol en las negociaciones, no puede convertirse en una euforia en la cual todos estos cadáveres deban ser barridos bajo la alfombra. Pero lo más grave de esta afirmación, es que quita el justo reconocimiento al pueblo colombiano que es quien en última instancia forzó el escenario que llevó a Santos a negociar. Santos no ganó las elecciones para negociar, sino que para continuar las políticas de Uribe Vélez, y fue el enrome contexto de movilización popular en ascenso entre el 2008 y el 2012, lo que finalmente forzó el escenario de negociaciones. Este proceso es una conquista de los de abajo, no una concesión gratuita de los de arriba. Desconocer este hecho, o minimizarlo para exaltar la figura del estadista, que es la tentación en la que ha caído parte de la izquierda, es entregarle las llaves de la paz en bandeja de plata a Santos, y con ella, entregarle la iniciativa política [6].
La relatividad de lo ganado
Lo ganado, con este acuerdo, no es menor. Principalmente, en materia de justicia, siendo derrotadas las tesis uribistas que repiten monotemáticamente “cárcel y más cárcel”, “impunidad”, y todo ese corillo indigestible, particularmente viniendo de boca de uno de los principales promotores de la cultura de la impunidad en las últimas décadas. En lugar de esta visión, se ha impuesto una visión de justicia que pone la reparación como eje de su quehacer. Una justicia que, sin llegar a ser transformadora, no es punitiva. Esto lo explica de manera clara un comunicado del CPDH,
“Este acuerdo de justicia creará una jurisdicción especial para la paz, en la que se constituirá un tribunal al que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado y que desembocarán siempre en una sentencia.
Es de resaltar la propuesta de justicia restaurativa que se ha concretado, que busca la reconciliación de la sociedad colombiana. Este acuerdo reconoce el delito político y la juridicidad guerrillera que se apoya en una respuesta contra un orden social injusto. Este modelo de justicia reencuentra a la sociedad colombiana con la idea de la paz, con justicia social, y va de la mano de la comisión de la verdad. ” [7]
Esta jurisdicción especial será aplicable a todos los “actores” del conflicto, incluida la Fuerza Pública, aunque queda ver cómo se compatibilizará esta jurisdicción con el Fuero Militar con el cual los uniformados gozan de virtual impunidad. Uribe se escandaliza que los miembros de la Fuerza Pública sean equiparados a los “terroristas”, cuando en realidad, esto ha sido un golazo del gobierno y una generosa concesión por parte de los insurgentes. Uribe está en lo correcto: los guerrilleros no pueden ser equiparados a la Fuerza Pública, pero no por las razones dadas por él. No lo son, porque los insurgentes han estado en rebelión por más de medio siglo y los actos delictuales que han cometido, han sido cometidos en el desconocimiento de la legitimidad del marco legal vigente y de la rebelión en contra del Estado. Debido a esto, en un acuerdo de paz, es evidente que deba haber un tratamiento especial a estos actos. Por su parte, los actos violatorios por parte de miembros de la Fuerza Pública no fueron hechos ni en rebelión ni en el rechazo al marco constitucional vigente; por el contrario, fueron cometidos en circunstancias que la Fuerza Pública debía, no solamente actuar en el marco constitucional, sino que además, debía ser el garante último del respeto a la legalidad. Las fuerzas del Estado, en teoría, tienen el deber de proteger a la comunidad, no de desplazarla, asesinarla, desaparecerla, torturarla y violarla. Por eso sus acciones son particularmente graves –este argumento, ha sido debidamente señalado por el MOVICE en un reciente comunicado, en donde expresan sus preocupaciones de que el Estado pase sus crímenes de agache [8].
Puesto en esta perspectiva, quienes más se beneficiarán de este acuerdo en materia de justicia, a diferencia de lo que afirma histéricamente Uribe, serán el Ejército y la Policía, así como los sostenes civiles de la guerra sucia, que agazapados en los gremios financiaron y estimularon el paramilitarismo sin haber ellos puesto una sola gota de sangre.
Pero subsisten algunas inquietudes respecto a la forma que adoptará esta jurisdicción especial según lo plantea el abogado Carlos Ruiz, quien ha participado en estos debates en el marco del proceso de paz. Inquietudes aún más legítimas cuando se tiene en consideración la naturaleza faltona y mentirosa de la oligarquía colombiana.
“Para una organización concebida como revolucionaria, no es lo mismo someterse a tribunales de hoy o a jueces futuros, por definición ajenos, que pueden reproducir la matriz que se quiso superar, y no se pudo, máxime cuando no se ha reconocido la complejidad del delito político y sus conexidades, ni se han aplicado amnistías generales e indultos incondicionales, mientras su contraparte, el Estado colombiano, puede someterse a cuantos compromisos de derechos humanos sean necesarios suscribir, sin cumplir la inmensa mayoría de ellos: ostenta la calidad hegemónica generada en la simbiosis exitosa de un Estado que es democrático en el papel, cuando simultáneamente en estos cincuenta años de guerra ha consumado estrategias sucias, de un verdadero genocidio político y un holocausto social.
(…) Haciendo tránsito las FARC-EP a la legalidad, no hay básicas garantías de no repetición por su adversario, no hay depuración del Estado, ni reformas que aseguren que nunca más se incurrirá en la barbarie, con la que se saluda hoy la esperanza en este cruce de caminos. Y quizá hubiera sido deseable atar esto primero, antes que aceptar someterse a unos procedimientos que pueden cargar sólo hacia un lado. (…) Pues mientras una parte de la guerrilla acoge la posibilidad de ir en calidad de victimaria ante tribunales, y se presta a dejar las armas, sin que se le haya reconocido previamente y en hechos jurídicos amnistías e indultos, con una necesaria nueva legislación sobre las conexidades del delito político, mientras emprende ese camino sumamente arriesgado, el Estado continúa persiguiendo e infligiendo dolor injusto a miles de seres resistentes. Ha firmado hoy, sin dar garantías de remover sus instrumentos criminales.” [9]
¿Superado el punto más difícil de la negociación?
No es verdad, como afirmaron los medios de comunicación, que, con un acuerdo en el punto de justicia, el tema más espinoso se haya resuelto. Quizás sea mostrado de esta manera por el establecimiento por las razones dadas por Ospina en su citada columna: “Esta semana Juan Manuel Santos ha conseguido mostrarle al mundo, con gran cubrimiento mediático, que el acuerdo sobre justicia transicional al que ha llegado con las Farc es el punto clave de los diálogos de La Habana, quizá porque es el punto en el que las Farc parecen admitir que son las responsables de la guerra de estas cinco décadas”, aunque, en realidad, los únicos grandes responsables sean esta oligarquía indolente que de esta manera logra diluir su responsabilidad por este desangre eterno [10].
Pero no es el tema más complejo. Queda aún el tema de la dejación de armas, el cual no es menor dado a que un sector importante de la oligarquía quiere ver la entrega de armas como un acto de humillación y de conquista simbólica de la insurgencia campesina. Los guerrilleros farianos, por su parte, han insistido en varias entrevistas que ese escenario no se dará y que optarán por la dejación de armas. Quedaron también en el congelador dos temas del punto sobre la cuestión agraria que son, de hecho, los más espinosos: el tema de los límites a la concentración de tierras, es decir, la cuestión del latifundismo, y el tema de los límites a la extranjerización de tierras, otro tema clave en la lucha contra las locomotoras minero-enérgeticas y agro-industriales. En ambos puntos el gobierno es inflexible, y ambos puntos, desde el punto de vista de la ideología fariana, deben ser necesariamente abordados. Son temas irrenunciables inscritos en el ADN del movimiento guerrillero.
Aún quedan esos temas y será muy difícil destrabarlos, más aún cuando vemos que todas las medidas que está tomando el gobierno van en contravía de una resolución medianamente favorable para los sectores campesinos y populares. La oligarquía, que ya ha comenzado una ofensiva generalizada por la explotación de los territorios, se está aprestando para que la paz le abra de par en par, sin ninguna clase de restricciones, los territorios para sus inversiones; de alguna manera, en el presente, la insurgencia ha sido un cierto límite a la expansión del gran Capital hacia las zonas rurales de economía campesina. Ya están comenzando a estallar conflictos en todo el país debido a esta presión sobre la tierra que están viviendo las comunidades en los territorios. Es probable que la mesa de negociaciones no pueda destrabar estos temas, sin una fuerte presión popular. El movimiento popular no puede ser un espectador en este punto y ver qué se decide por arriba, cruzados de brazos. La movilización, la lucha, la organización y la presión creciente es, por esto mismo, mucho más importante en esta fase de la negociación que nunca.Solamente así se podrá alcanzar un acuerdo que, al menos en parte, recoja las demandas de la mesa de unidad agraria, étnica y popular.
Y la cosa no acaba ahí. Tampoco se ha abordado el tema de refrendación de los acuerdos, que incluye la propuesta insurgente –a la cual se ha opuesto el gobierno- de realizar una asamblea constituyente, la cual tiene sus propias complicaciones. Nada indica que una asamblea constituyente, de llegarse a dar, produzca una constitución necesariamente más progresista y más proclive a los intereses populares que la que ya hay. No es casual que sean los uribistas quienes también están agitando la demanda de una constituyente, por lo que su incierta realización implica una aguda lucha política en condiciones desfavorables con los sectores oligárquicos que se han dedicado desde 1991 a cambiar la correlación de fuerzas que sustentó el compromiso constitucional de ese entonces, aún más a su favor. Esto, sin entrar todavía en la fase de implementación, que promete ser aún más difícil que la negociación de un acuerdo. Con esto, no quiero decir que haya que desanimarse ante las enormes tareas que tiene por delante el campo popular, sino sencillamente evitar falsos triunfalismos, evitar dormirse en los laureles, evitar caer en la inercia a la que lleva un excesivo optimismo, confiándose demasiado del desenvolvimiento del proceso como si los dados ya estuvieran echados a favor del pueblo, porque no lo están (aún).
Y no olvidemos tampoco que el proceso con el ELN aún no arranca formalmente, aunque se lleven años de discusiones en secreto. Aunque el comandante eleno, Gabino, ha insistido en que existe una buena comunicación con las FARC-EP y que ellos entienden el proceso como un solo, entendiendo la negociación de los elenos como complementaria a la que se lleva adelante con las FARC-EP [11], lo cierto es que esta es una negociación que, necesariamente, tendrá sus propios ritmos. La oligarquía puede estar preparando un escenario en el cual aceleren las negociaciones con las FARC-EP como manera de aislar al ELN, que tiene sus propias demandas, muy fuertes por ejemplo en el tema de recursos naturales y del sector minero-energético, claves para la actual estrategia de acumulación capitalista. Tampoco el EPL está en las negociaciones, una fuerza formidable en una de las regiones más complejas del país, como es el Catatumbo, y el gobierno de Santos no parece tener la voluntad de sentarse en la mesa con ellos. La ausencia de un acuerdo sustancial con estos sectores puede llevar a un nuevo ciclo de conflicto armado.
¿Irreversibilidad del proceso? Los ritmos de la lucha de clases
El proceso no es irreversible. Debido a la fórmula de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, en cualquier momento la oligarquía puede patear la mesa. Es cierto que, con todo lo que se ha avanzado hasta el momento, el costo político para Santos de patear la mesa en estos momentos sería más alto, muchísimo más alto, que hace seis meses. Sin embargo, el bloque dominante en todo momento estará calculando, y calculará hasta el mismísimo final, cuál es la alternativa más conveniente para ellos como clase, si seguir el curso de la guerra sucia o si firmar un acuerdo de paz que les permita continuar siendo la fuerza hegemónica con algunas concesiones, más o menos importantes según sea la fuerza popular que enfrenten.
Pero nada en la lucha de clases es irreversible. No existen ni derrotas, ni triunfos absolutos, menos aún para el bloque dominante que en todo momento está presto a recomponer su hegemonía. Y digo “bloque dominante” porque, pese a quienes ven en el gesto del apretón de manos un gesto entre iguales, esto solamente es así –y en un sentido muy relativo- en el plano militar. En el plano político y en el plano de la lucha de clases que lo sustenta, está claro que la oligarquía colombiana sigue siendo el bloque dominante y que esto no será puesto en cuestión ni por las negociaciones ni por el eventual acuerdo. Se puede decir que esta no será una paz “de vencedores ni vencidos” en el plano de lo estrictamente militar, pero lo cierto es que, en el terreno concreto de la lucha de clases, la oligarquía mantiene su hegemonía, su control y la iniciativa. Es verdad que el actual contexto político y el ascenso de la lucha de clases desde el 2008 en adelante han erosionado esta hegemonía absoluta. Pero aunque vapuleada y desgastada, la oligarquía sigue manteniendo firmes las riendas del poder y no se avizora que las suelte en el corto o en el mediano plazo. Este análisis no significa que esa correlación de fuerzas no pueda ser cambiada: puede y debe ser modificada. Pero eso es parte de un proceso más largo en el cual mucho tienen que aportar las experiencias de construcción de poder popular y de autonomía que se han venido desarrollando en distintas partes del territorio de hace décadas. Para poder comenzar ese proceso, lo principal es evitar triunfalismos infundados desde la izquierda, enguayabarse con la foto del apretón de manos y marearse confundiendo el significado preciso del actual momento histórico.
Existe una tendencia a suspender el análisis de la lucha de clases cuando se habla del tema de paz, quizás por la hegemonía que el liberalismo ha mantenido por décadas en el seno de la izquierda. Se divide el campo político entre “partidarios” y “enemigos” de la paz, obviando que por paz se están entendiendo proyectos sociales (de clase) muy diferentes, por parte de distintos actores. Hace unas semanas Santos era el que no cumplía acuerdos, que le fallaba a los campesinos, y ahora, gracias a un gesto político bien calculado (pero no por ello menos significativo) se ha convertido nuevamente en el presidente de la paz, y habrá quien hasta considere en serio la propuesta de ciertos sectores de la izquierda liberal de proponer a Humberto de la Calle como candidato de “unidad” para el posconflicto en las elecciones del 2018 –dando así nuevos bríos a esa oligarquía moribunda. Estos súbitos cambios de opinión en ciertos sectores de izquierda reflejan un análisis cortoplacista, coyunturalista, que no se asienta en una comprensión clasista de la realidad, sino en un análisis voluntarista y superestructural. Es verdad que un acuerdo de paz de ninguna manera soluciona el problema de la lucha de clases en Colombia; tampoco la firma de la paz elimina la necesidad de buscar la construcción de una sociedad socialista y libertaria. Pero la manera en que el pueblo enfrente la coyuntura, en que los sectores organizados analicen sus tareas políticas del momento y decidan un curso de acción para este momento tiene un impacto decisivo en el curso de la lucha de clases en el futuro inmediato y mediato. En pocas palabras, dependiendo de cómo se asuma el proceso de paz y su lugar en una estrategia revolucionaria a largo plazo, es que los sectores populares pueden salir fortalecidos del proceso de paz, en su lucha por una nueva sociedad, o pueden salir debilitados, cooptados, desmoralizados y metidos en una camisa de fuerzas –de la mano del liberalismo- como socio menor del bloque dominante para garantizar la gobernabilidad oligárquica, con fachada democrática. Retomar el análisis clasista es un primer paso para poder rearticular un proyecto propio de los sectores populares y de armarse políticamente para las luchas que se vienen.
Conflicto social, Acuerdo de Paz y las luchas que se vienen
Es sabido, como hemos dicho, que la firma de un acuerdo de paz no significa el fin de la lucha de clases, ni el fin del capitalismo, ni mucho menos, el fin de las contradicciones sociales. Esta afirmación, no por ser de perogrullo, es menos necesario machacarla en el actual contexto. El tema es, como también decíamos, qué tendencias se van a reforzar con la firma de la paz: si una tendencia a la desmovilización popular, tendencia que objetivamente reforzará a la derecha, o una tendencia a avanzar en las luchas y la organización populares, tendencia que, objetivamente reforzaría las fuerzas de izquierda. Santos, como representante de la oligarquía, ve la opción de paz o guerra en función de los intereses de su bloque dominante. Pensar que un representante de la oligarquía va a realizar las labores que solamente las fuerzas populares pueden realizar, es una peligrosa ilusión.
Razones totalmente distintas llevan al movimiento popular, a la insurgencia y a Santos (así como a los sectores oligárquicos nacionales e internacionales que lo sustentan) a buscar la paz. Mientras que el pueblo busca la paz con justicia social, para poder avanzar en la consolidación de los derechos más básicos, represados por una política feroz de represión centenaria, los sectores del bloque dominante buscan la paz, naturalmente, para avanzar en sus propios intereses, es decir, para seguir enriqueciéndose a costa de la miseria popular. Esta contradicción no se definirá de manera puramente superestructural, ni en base a ningún sofisma jurídico, ni en base a ningún acuerdo de paz.Esta contradicción se definirá en el terreno concreto de la lucha de clases, y la clase que logre imponerse mediante su capacidad organizativa y su fuerza, será la que incline la balanza a su favor. Como decíamos, la oligarquía lleva la delantera y son ellos los que están, en estos momentos, en mejores condiciones de imponer su proyecto de paz para las inversiones multinacionales y para profundizar la acumulación por despojo –proyecto que no puede sino exacerbar los conflictos sociales.
Una de las primeras que salió a opinar después del apretón de manos de Timoleón Jiménez y de Juan Manuel Santos, fue la estridente ultra-derechista Salud Hernández en su columna de El Mundo. En ella, la periodista española afirma que “la firma de un proceso de paz con las Farc, Juan Manuel Santos augura un imponente flujo de inversiones nacionales y foráneas hacia su país (…)sin la amenaza de las Farc en buena parte del territorio colombiano, gracias a la política de seguridad que emprendió Álvaro Uribe, de cuyo gobierno Santos fue ministro de Defensa, y sin la presencia de los paramilitares, que se desmovilizaron entre el 2005 y el 2006, Colombia pasó de estado fallido a uno de las naciones de moda en el planeta para hacer negocios” [12].
En la misma nota, Hernández plantea la apuesta europea por la paz como la apertura de los territorios a la explotación por parte de los grandes inversionistas internacionales sin ninguna clase de contrapeso:
“El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, sellado en el 2013, también contribuyó a que muchos empresarios del Viejo Continente volvieran sus ojos hacia la nación sudamericana. En el 2014 la inversión española alcanzó los 2.154 millones de dólares, un crecimiento del 126% sobre el año anterior, convirtiéndose en el tercer principal inversor (…) Hace unos días el Presidente Santos recibió a una amplia delegación de empresarios españoles, entre los que estaban presidentes de compañías grandes como Sacyr, Gas Natural, Fenosa, Mapfre y Repsol, entre otras. Y todos manifestaron su vivo interés por hacer negocios. Es indudable que saber que las Farc no representarán un peligro para sus intereses a partir del pacto que propiciará que la banda terrorista deje las armas, supone un aliciente.”
Sabemos que el pueblo no se cruzará de brazos a ver cómo le dejan el hueco donde había monte. Aunque un sector se sienta tentado a pensar que nada puede frenar el avance de las locomotoras y de esta visión dominante de la paz como una extensión de la perversa política uribista-santista de la “seguridad inversionista”, lo cierto es que todo depende de cómo el pueblo articule la lucha por la paz (con justicia social) con la lucha en contra del modelo social del despojo. El resultado de estas negociaciones no está escrito en las estrellas y pueden servir para fortalecer o para debilitar al movimiento popular, pero esto dependerá del propio movimiento popular, de su capacidad de articularse y de superar la espontaneidad pura. Lo que pase, dependerá de la fuerza y la resistencia que el pueblo oponga a esta ofensiva que se viene del gran Capital, si se materializa este escenario de paz neoliberal y de la paz del despojo, o si se logra frenar esta arremetida. La última palabra la tienen las organizaciones populares.
Se requiere de una mirada sobria sobre el proceso de paz y su eventual terminación en un acuerdo de paz –cuya implementación, sabemos, será, en el mejor de los casos, extraordinariamente difícil. No podemos hacernos falsas ilusiones que con la firma de un acuerdo de paz se acaban los problemas sociales o se habrá conseguido lo más importante, más aún si se impone la paz “minimalista” de Santos. Como lo señala el mismo Ospina, “Una paz sin enormes cambios sociales, sin proyecto urbano, sin una estrategia económica generosa, sin un proyecto ambicioso de juventudes, podrá ser una buena campaña de comunicación, pero no llegará al corazón de millones de personas que necesitan ser parte de ella”[13] . Aún estamos a tiempo de empujar una paz con mayores concesiones para el pueblo, una paz que profundice los componentes de justicia social, pero eso no ocurrirá espontáneamente.
Sea como sea, la firma de un acuerdo de paz, eventualmente, debería ser el comienzo de un nuevo proceso de luchas sociales en donde –si las cosas salen como deberían, algo altamente improbable- la oligarquía debería, en teoría, renunciar a la guerra sucia contra el pueblo. Pero sabemos –y esto lo sabe la comunidad internacional y los burócratas de la resolución de conflictos y construcción de paz- que el gobierno no cumplirá los acuerdos, mentirá y mantendrá niveles importantes de represión, que serán descritos como niveles “aceptables” por los socios en EEUU y la UE, que tienen demasiados intereses estratégicos en Colombia como para montar una alharaca por unos cuantos campesinos masacrados. No hay que caer en esa infantil ilusión burguesa de que con el fin del conflicto armado se le acabará a la oligarquía la “excusa” para criminalizar al movimiento popular y para reprimir. Como lo dijo el revolucionario guineano Amílcar Cabral, bajo las condiciones del capitalismo, toda lucha es armada: sólo que a veces el pueblo tiene armas y a veces no. Pero el Estado siempre las tiene y siempre las utiliza contra el pueblo cuando ve sus intereses estratégicos amenazados. La fuerza organizada del pueblo es la única barrera objetiva que tendrá esa violencia de clase. Hay que esta advertidos y preparados para los conflictos del posconflicto.
Notas
[1] http://caracol.com.co/radio/
[2] Ver, por ejemplo, http://prensarural.org/spip/
[3] http://www.elespectador.com/
[4] http://somosdefensores.org/
[5] Sobre este último punto ver http://anarkismo.net/article/
[6] Sobre el particular, ver dos artículos anteriores, escritos en el contexto de la re-elección de Santos http://anarkismo.net/article/
[7] http://www.rebelion.org/
[8] http://prensarural.org/spip/
[9] http://www.rebelion.org/
[10] http://www.elespectador.com/
[11] http://www.rebelion.org/
[12] http://www.elmundo.es/
[13] http://www.elespectador.com/
domingo, 27 de septiembre de 2015
El legado político de Hugo Chávez
JAMES PETRAS /
JAMES PETRAS / REBELION – Hugo Chávez siempre consideró a la Revolución Bolivariana como un proceso continuo, en dos sentidos:
1) la revolución contemporánea era una continuación de la lucha histórica por la liberación nacional liderada por Simón Bolívar a principios del siglo XIX;
2) la revolución política nacional iniciada con su elección en 1998 debía, por necesidad, avanzar hacia una transformación socialista.
Chávez comprendía que el poder político involucraba algo más que ganar elecciones y entrar al palacio presidencial; el objetivo político estratégico era la transformación del estado neocolonial para avanzar en la revolución de liberación nacional, que en Venezuela significaba crear una nación independiente. En un Estado petrolero, liberación nacionalsignificaba tomar el control total de la industria petrolera y redistribuir los ingresos entre la mayoría de los trabajadores. Para Chávez la revolución nacionalista era un paso necesario para avanzar hacia la revolución socialista. Para Chávez, la nacionalización de las industrias estratégicas era un paso hacia la socialización de la economía -la descentralización del control que pasó a manos de los consejos comunales. Para Chávez, o la revolución avanzaba de lo político y económico hacia una transformación social, cultural y ética o la revolución se estancaría, se revertiría y sería derrotada.
Ante cada crisis de peso -el golpe de Estado de 2002, el paro patronal de 2003, el referéndum de 2004, la década de amenazas militares y sabotajes desde Washington y Bogotá- Chávez respondió con la radicalización de la revolución, movilizando las masas e internacionalizando la revolución.
Ante cada punto de la confrontación de clases, Chávez jamás retrocedió; en lugar de transigir con la burguesía, intensificó los esfuerzos para elevar el nivel de conciencia nacional y socialista de las masas.
Chávez libró la lucha en dos frentes:
1) contra el enemigo externo -el imperialismo estadounidense, el Estado terrorista colombiano y la clase capitalista venezolana;
2) contra el enemigo interno, aquellos líderes y funcionarios del Estado bolivariano y del PSUV que formaban parte del legado rentista y estaban involucrados en la corrupción, que abusaban del poder y no respondían a las demandas populares. Chávez declaró la guerra contra la burocracia y contra la conciliación con la burguesía.
Chávez pensaba que la capacidad de resistencia frente a los “enemigos externos” dependía de los movimientos de masa organizados y concientes. Chávez detestaba a los líderes burocráticos, incompetentes y corruptos que querían impedir el avance de la revolución. Esos funcionarios intentan paralizar el avance del poder popular, marginalizar los consejos comunales, concentrar el poder en manos de la élite burocrática para negociar un acuerdo con el imperialismo y la burguesía nacional que deje intactos las instituciones básicas y los privilegios de la sociedad capitalista.
El legado político esencial de Chávez es la noción de que la relación dialéctica entre enemigos externos e internos de larevolución continua exige la profundización del nivel de conciencia espiritual, cultural y político a través de la radicalización de la lucha de clases y de la acción audaz de las masas.
Enfrentado al sabotaje capitalista de la economía, Chávez declaró la necesidad de nacionalizar todas las industrias principales. Enfrentado a las maniobras financieras fraudulentas del sector privado y de funcionarios públicos, Chávez exigió la socialización del sistema bancario.
Enfrentado al bloqueo imperial, Chávez buscó nuevos aliados internacionales: profundizó los lazos con nacionalistas de América Latina, el mundo islámico, Rusia y China.
Hoy, Venezuela enfrenta su mayor crisis desde la elección de Chávez. El presidente Maduro tiene dos opciones: seguir el camino trazado por Chávez, el camino de la revolución continua; o elegir el camino de la reconciliación, la capitulación y la derrota.
Chávez identificó los cinco objetivos históricos interrelacionados del pueblo venezolano en el camino hacia la revolución. Estableció el marco nacional, colocó al socialismo en la agenda inmediata, promovió la unidad de América del Sur, participó en la creación de un mundo multipolar y llevó a primer plano el tema del cambio climático.
Los avances del presidente Chávez están en peligro mortal hoy frente a los ataques de los enemigos internos y externos. Durante los próximos meses, la continuación y concreción de los objetivos históricos de Chávez está en manos de los sectores de avanzada de las masas revolucionarias.
jueves, 24 de septiembre de 2015
Statu quo, narcotráfico y guerra sucia
Destinos encontrados: Indochina, Colombia y México
La noche del 26 de septiembre de 2014, una nueva atrocidad fue cometida por el Estado mexicano: la represión contra jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. De esa acción, resultaron 6 personas asesinadas, 20 heridos y 43 desaparecidos forzados, un hecho que ha provocado la indignación mundial.
La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad y la editorial Ocean Sur acaban de publicar en Mexico “Ayotzinapa: Un grito desde la humanidad”. Aquí les ofrecemos el texto escrito por Hernando Calvo Ospina, quien nos cuenta cómo en México se reproduce la utilización de paramilitares y narcotraficantes como parte de la guerra sucia estatal, estrategia desarrollada por las fuerzas especiales francesas durante la guerra colonial en Indochina, en Vietnam por las estadounidenses y posteriormente en Colombia.
I
Humillada por la guerrilla, Francia aceptó retirarse de Vietnam en 1954. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a que el «comunismo» se apoderara del sudeste asiático. Entonces se aceleró el traspaso de operaciones militares, principalmente las clandestinas.
Esencial fue multiplicar la formación de fuerzas paramilitares tribales en Laos, Birmania y Vietnam. Estas fueron denominadas Unidades de Reconocimiento Provincial (URP). Su especialidad fueron la guerra de guerrillas y la tortura.
Cuando más demostraron la capacidad de destrucción fue durante la Campaña de Pacificación Acelerada, conocida como el Programa Fénix, dirigida por un equipo especial estadounidense. Desde 1967 las lanzaron a sembrar el terror entre la población civil, con el objetivo se destruir la infraestructura logística y de apoyo rebelde. Los médicos y profesores, principalmente del campo, fueron objetivo codiciado. Fénix duró unos cuatro años y dejó casi 40 000 asesinados, mujeres y niños incluidos.
Como el Congreso en Washington tenía prohibido ese tipo de operaciones «sucias», con el visto bueno de los presidentes Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon, los expertos del Pentágono y la CIA utilizaron una fuente alterna de financiamiento siguiendo el ejemplo dejado por los servicios especiales franceses: el tráfico de opio y heroína.
Las calles de Europa y Estados Unidos se llenaron de estas drogas, y con el dinero de su venta se hicieron las acciones clandestinas del terror. Continuaron siendo moda cuando el presidente Nixon, que apoyaba la agresión a Vietnam, declaró hipócritamente la guerra al comercio internacional de heroína. La prensa le creyó e hizo creer.
II
Unos años después, el presidente Ronald Reagan consideró al narcotráfico como el enemigo principal de la seguridad de su país y le declaró la guerra. La mediatización universal fue enorme y hacia Colombia se dirigieron casi todos reflectores de culpabilidad.
Acababa de triunfar la Revolución Sandinista en Nicaragua (julio de 1979), a la cual Reagan también declaró problema de seguridad nacional. Dos «guerras» que se cruzaron.
A Colombia llegaron algunos «expertos», particularmente de la CIA y la DEA, con la pretendida tarea de ayudar a capturar traficantes y cargamentos de cocaína. Periodistas de todos los rincones del mundo desembarcaron, por cientos, en ocho años de la tal guerra reaganiana.
Mientras Nicaragua era rodeada por una fuerza mercenaria que se conocería como la Contra, la que entrababa a Nicaragua para sembrar el terror entre la población civil. Esta había sido creada en la Casa Blanca. Como el Congreso se negó a que se financiaran sus necesidades militares, Reagan dispuso que se hiciera como fuera. George Bush padre, vicepresidente y «zar» antidrogas y antiterrorismo, se puso al frente de ello.
En 1986 una Comisión del Senado, encabezada por quien es hoy el Secretario de Estado, John Kerry, dejó en claro que Bush y el Consejo Nacional de Seguridad formaron una sociedad entre la CIA y los «coqueros» colombianos. Salía la droga desde Colombia hasta Centroamérica y luego se transportaba hasta aeropuertos militares en la Florida. Puesta en la calle, sus ganancias servían para armar a la Contra. A los colombianos se les permitía entrar sus cargamentos y adquirir armas.
Se puede afirmar que sin la guerra sucia antisandinista ese grupo de colombianos, que hasta esos momentos dependía de los grandes traficantes estadounidenses, no hubiera logrado tener tanto poder en tan poco tiempo.
III
Coincidencialmente, el paramilitarismo como estrategia nacional contrainsurgente nació en Colombia apenas iniciando la década de los ochenta. Su embrión habían sido las «autodefensas». Estas fueron organizadas a partir de lo aconsejado en 1962 por una misión militar estadounidense, como método para acabar con grupos de campesinos liberales y comunistas que exigían pan y tierra. Faltaban dos años para que nacieran las guerrillas, pero el fantasma de la Revolución Cubana rondaba y había que acabarlo.
El paramilitarismo fue encargado de las acciones de guerra sucia para que las Fuerzas Armadas no aparecieran tan implicadas en ella, y entidades como Amnistía Internacional o la ONU no siguieran señalándolas como responsables. El dinero para subvencionarlo no fue un problema porque estaba al alcance de la mano: el narcotráfico.
La gruesa cortina de humo que ayudó a levantar la casi totalidad de medios informativos en el mundo distorsionó la realidad: no se combatió al narcotráfico, porque éste era un aliado para la guerra al “comunismo”.
En Colombia los paramilitares se convirtieron en parte esenciales del terrorismo de Estado, ese que no combate a las guerrillas pero sí asesina a todo aquel que se opone o critica el statu quo , o es considerado apoyo de las guerrillas. Especialmente vaciaron de campesinos las regiones ricas en recursos estratégicos y se apoderaron de ellas, o las entregaron a caciques políticos, militares, gamonales y trasnacionales. Ha existido una violenta reforma agraria al revés. En treinta años son casi un millón de asesinados y desaparecidos a base de horribles matanzas, y seis millones de desplazados. Y casi nadie lo sabe. Es una barbarie, como pocas en la historia de la humanidad, la que han cometido los narco-paramilitares, planificada desde las altas instancias del poder político, económico y militar. En Bogotá y Washington.
Washington y Bogotá han sabido que sin el narco-paramilitarismo la guerrilla estuviera a las puertas del poder.
Desde hace unos veinte años el paramilitarismo es el máximo «cártel» productor y exportador de cocaína del mundo. De vez en cuando quitan del camino a capos que ya estorban por mala imagen, o a los narcos que no responden a los intereses. Y de esto hacen una sensacional noticia para mostrar que se está en guerra contra la droga.
IV
Pablo Escobar cayó en desgracia ante los estadounidenses cuando se negó a continuar la entrega de cocaína para la Contra; además empezó a exigir a la élite colombiana el poder político que merecía su poder económico. Lo hicieron el peor de los peores, cuando la realidad rápidamente demostró que eran otros narcos los poderosos y peores asesinos.
Se narra que el general Oscar Naranjo lo buscó hasta matarlo. Y sí: fueron sus hombres quienes lo persiguieron y lo acorralaron, muy en particular un grupo, ese no pertenecía a la policía, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la CIA o la DEA: eran narcotraficantes. Viejos aliados en la conformación del terrorismo de Estado. Con ellos, Naranjo, la CIA y la DEA planificaban cada paso de la cacería. Hasta que los capos llamaron al general, a la presidencia de la República, a la CIA y la DEA para contarles que habían matado a Escobar. Así Naranjo fue promovido a héroe. Después, él mismo negoció con ellos su entrega a bajo precio. Y el general quedó como si hubiera acabado con los cárteles de la droga. Luego Estados Unidos le dio el título de «mejor policía del mundo», sin mencionar que él respondía más a la CIA y la DEA que al presidente colombiano. Ni que era uno de los responsables de la estrategia de terror que se impuso al pueblo colombiano.
V
Retirados, el general Naranjo y muchos otros policías y militares fueron contratados en varios países para aprovechar su «vasta» experiencia. Siempre bajo la falsa bandera que todo puede y permite: luchar contra bandas del crimen organizado, en particular narcotraficantes.
Pocos cuestionaron la real capacidad de estos «expertos», pues cualquiera puede constatar que el narcotráfico y el narco- paramilitarismo en Colombia han llegado a tener un crecimiento y poder no antes conocidos. Casi nadie levantó la voz para decir que la policía y las Fuerzas Armadas colombianas están catalogadas como de las más corruptas, represivas y sanguinarias del mundo por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En junio de 2012 Naranjo fue contratado en México, por sugerencia o presión de Washington. También fueron llegando otros oficiales colombianos para encargarse de formar a 7 000 policías.
¿Simple casualidad? Cuando se dio la masacre de los estudiantes en Ayotzinapa ya se estaba denunciando el surgimiento de policías comunitarias, autodefensas y paramilitares. Se da en ellas una mezcla de civiles, fuerzas del orden y narcotraficantes… muy al estilo colombiano.
¿Simple casualidad? La atroz forma en que se asesinó y desapareció a los estudiantes ha sido típica del narco- paramilitarismo colombiano.
Se sabe que la situación de pobreza está convirtiendo a México en una olla a presión con el hueco tapado. Y los narcos son aliados estratégicos para tratar de contener la explosión social por medio del terror.
México y Washington repiten que están en guerra contra los narcotraficantes mexicanos. Aunque ese discurso se repite desde los años de las guerras del sudeste asiático, en especial por Washington, parece que siempre surte efecto como cortina de humo…
Hernando Calvo Ospina. Periodista y escritor. Colaborador de Le Monde diplomatique.
La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad y la editorial Ocean Sur acaban de publicar en Mexico “Ayotzinapa: Un grito desde la humanidad”. Aquí les ofrecemos el texto escrito por Hernando Calvo Ospina, quien nos cuenta cómo en México se reproduce la utilización de paramilitares y narcotraficantes como parte de la guerra sucia estatal, estrategia desarrollada por las fuerzas especiales francesas durante la guerra colonial en Indochina, en Vietnam por las estadounidenses y posteriormente en Colombia.
I
Humillada por la guerrilla, Francia aceptó retirarse de Vietnam en 1954. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a que el «comunismo» se apoderara del sudeste asiático. Entonces se aceleró el traspaso de operaciones militares, principalmente las clandestinas.
Esencial fue multiplicar la formación de fuerzas paramilitares tribales en Laos, Birmania y Vietnam. Estas fueron denominadas Unidades de Reconocimiento Provincial (URP). Su especialidad fueron la guerra de guerrillas y la tortura.
Cuando más demostraron la capacidad de destrucción fue durante la Campaña de Pacificación Acelerada, conocida como el Programa Fénix, dirigida por un equipo especial estadounidense. Desde 1967 las lanzaron a sembrar el terror entre la población civil, con el objetivo se destruir la infraestructura logística y de apoyo rebelde. Los médicos y profesores, principalmente del campo, fueron objetivo codiciado. Fénix duró unos cuatro años y dejó casi 40 000 asesinados, mujeres y niños incluidos.
Como el Congreso en Washington tenía prohibido ese tipo de operaciones «sucias», con el visto bueno de los presidentes Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon, los expertos del Pentágono y la CIA utilizaron una fuente alterna de financiamiento siguiendo el ejemplo dejado por los servicios especiales franceses: el tráfico de opio y heroína.
Las calles de Europa y Estados Unidos se llenaron de estas drogas, y con el dinero de su venta se hicieron las acciones clandestinas del terror. Continuaron siendo moda cuando el presidente Nixon, que apoyaba la agresión a Vietnam, declaró hipócritamente la guerra al comercio internacional de heroína. La prensa le creyó e hizo creer.
II
Unos años después, el presidente Ronald Reagan consideró al narcotráfico como el enemigo principal de la seguridad de su país y le declaró la guerra. La mediatización universal fue enorme y hacia Colombia se dirigieron casi todos reflectores de culpabilidad.
Acababa de triunfar la Revolución Sandinista en Nicaragua (julio de 1979), a la cual Reagan también declaró problema de seguridad nacional. Dos «guerras» que se cruzaron.
A Colombia llegaron algunos «expertos», particularmente de la CIA y la DEA, con la pretendida tarea de ayudar a capturar traficantes y cargamentos de cocaína. Periodistas de todos los rincones del mundo desembarcaron, por cientos, en ocho años de la tal guerra reaganiana.
Mientras Nicaragua era rodeada por una fuerza mercenaria que se conocería como la Contra, la que entrababa a Nicaragua para sembrar el terror entre la población civil. Esta había sido creada en la Casa Blanca. Como el Congreso se negó a que se financiaran sus necesidades militares, Reagan dispuso que se hiciera como fuera. George Bush padre, vicepresidente y «zar» antidrogas y antiterrorismo, se puso al frente de ello.
En 1986 una Comisión del Senado, encabezada por quien es hoy el Secretario de Estado, John Kerry, dejó en claro que Bush y el Consejo Nacional de Seguridad formaron una sociedad entre la CIA y los «coqueros» colombianos. Salía la droga desde Colombia hasta Centroamérica y luego se transportaba hasta aeropuertos militares en la Florida. Puesta en la calle, sus ganancias servían para armar a la Contra. A los colombianos se les permitía entrar sus cargamentos y adquirir armas.
Se puede afirmar que sin la guerra sucia antisandinista ese grupo de colombianos, que hasta esos momentos dependía de los grandes traficantes estadounidenses, no hubiera logrado tener tanto poder en tan poco tiempo.
III
Coincidencialmente, el paramilitarismo como estrategia nacional contrainsurgente nació en Colombia apenas iniciando la década de los ochenta. Su embrión habían sido las «autodefensas». Estas fueron organizadas a partir de lo aconsejado en 1962 por una misión militar estadounidense, como método para acabar con grupos de campesinos liberales y comunistas que exigían pan y tierra. Faltaban dos años para que nacieran las guerrillas, pero el fantasma de la Revolución Cubana rondaba y había que acabarlo.
El paramilitarismo fue encargado de las acciones de guerra sucia para que las Fuerzas Armadas no aparecieran tan implicadas en ella, y entidades como Amnistía Internacional o la ONU no siguieran señalándolas como responsables. El dinero para subvencionarlo no fue un problema porque estaba al alcance de la mano: el narcotráfico.
La gruesa cortina de humo que ayudó a levantar la casi totalidad de medios informativos en el mundo distorsionó la realidad: no se combatió al narcotráfico, porque éste era un aliado para la guerra al “comunismo”.
En Colombia los paramilitares se convirtieron en parte esenciales del terrorismo de Estado, ese que no combate a las guerrillas pero sí asesina a todo aquel que se opone o critica el statu quo , o es considerado apoyo de las guerrillas. Especialmente vaciaron de campesinos las regiones ricas en recursos estratégicos y se apoderaron de ellas, o las entregaron a caciques políticos, militares, gamonales y trasnacionales. Ha existido una violenta reforma agraria al revés. En treinta años son casi un millón de asesinados y desaparecidos a base de horribles matanzas, y seis millones de desplazados. Y casi nadie lo sabe. Es una barbarie, como pocas en la historia de la humanidad, la que han cometido los narco-paramilitares, planificada desde las altas instancias del poder político, económico y militar. En Bogotá y Washington.
Washington y Bogotá han sabido que sin el narco-paramilitarismo la guerrilla estuviera a las puertas del poder.
Desde hace unos veinte años el paramilitarismo es el máximo «cártel» productor y exportador de cocaína del mundo. De vez en cuando quitan del camino a capos que ya estorban por mala imagen, o a los narcos que no responden a los intereses. Y de esto hacen una sensacional noticia para mostrar que se está en guerra contra la droga.
IV
Pablo Escobar cayó en desgracia ante los estadounidenses cuando se negó a continuar la entrega de cocaína para la Contra; además empezó a exigir a la élite colombiana el poder político que merecía su poder económico. Lo hicieron el peor de los peores, cuando la realidad rápidamente demostró que eran otros narcos los poderosos y peores asesinos.
Se narra que el general Oscar Naranjo lo buscó hasta matarlo. Y sí: fueron sus hombres quienes lo persiguieron y lo acorralaron, muy en particular un grupo, ese no pertenecía a la policía, ni a las Fuerzas Armadas, ni a la CIA o la DEA: eran narcotraficantes. Viejos aliados en la conformación del terrorismo de Estado. Con ellos, Naranjo, la CIA y la DEA planificaban cada paso de la cacería. Hasta que los capos llamaron al general, a la presidencia de la República, a la CIA y la DEA para contarles que habían matado a Escobar. Así Naranjo fue promovido a héroe. Después, él mismo negoció con ellos su entrega a bajo precio. Y el general quedó como si hubiera acabado con los cárteles de la droga. Luego Estados Unidos le dio el título de «mejor policía del mundo», sin mencionar que él respondía más a la CIA y la DEA que al presidente colombiano. Ni que era uno de los responsables de la estrategia de terror que se impuso al pueblo colombiano.
V
Retirados, el general Naranjo y muchos otros policías y militares fueron contratados en varios países para aprovechar su «vasta» experiencia. Siempre bajo la falsa bandera que todo puede y permite: luchar contra bandas del crimen organizado, en particular narcotraficantes.
Pocos cuestionaron la real capacidad de estos «expertos», pues cualquiera puede constatar que el narcotráfico y el narco- paramilitarismo en Colombia han llegado a tener un crecimiento y poder no antes conocidos. Casi nadie levantó la voz para decir que la policía y las Fuerzas Armadas colombianas están catalogadas como de las más corruptas, represivas y sanguinarias del mundo por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En junio de 2012 Naranjo fue contratado en México, por sugerencia o presión de Washington. También fueron llegando otros oficiales colombianos para encargarse de formar a 7 000 policías.
¿Simple casualidad? Cuando se dio la masacre de los estudiantes en Ayotzinapa ya se estaba denunciando el surgimiento de policías comunitarias, autodefensas y paramilitares. Se da en ellas una mezcla de civiles, fuerzas del orden y narcotraficantes… muy al estilo colombiano.
¿Simple casualidad? La atroz forma en que se asesinó y desapareció a los estudiantes ha sido típica del narco- paramilitarismo colombiano.
Se sabe que la situación de pobreza está convirtiendo a México en una olla a presión con el hueco tapado. Y los narcos son aliados estratégicos para tratar de contener la explosión social por medio del terror.
México y Washington repiten que están en guerra contra los narcotraficantes mexicanos. Aunque ese discurso se repite desde los años de las guerras del sudeste asiático, en especial por Washington, parece que siempre surte efecto como cortina de humo…
Hernando Calvo Ospina. Periodista y escritor. Colaborador de Le Monde diplomatique.
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